Viene de décadas la crisis estructural de la salud pública. Tiene varios componentes, desde la falta de médicos hasta la saturación de los hospitales y la escasez de insumos. Existe actualmente un esfuerzo oficial por ampliar la infraestructura, pero la solución llevará tiempo y precisa, por sobre todo, de la unidad de factores que se entrelazan entre sí.
Ya que en la semana está la manifestación de los médicos, empecemos por asumir que no se cuenta con la cobertura física de los profesionales, menos (o ni siquiera) de forma virtual, en ese Paraguay profundo. Eso es básico. Pues sin los galenos no es posible emitir recetas ni sirven los centros asistenciales: son los primeros que deben tenerse, con cierta suficiencia.
Lo segundo son los fármacos. Habría que hacer un cálculo –honesto y sincero– entre el costo de los medicamentos y a qué precios son entregados al Estado. A eso se debe añadir el entendimiento de que se mantiene vigente la rosca que dirige las ventas y licitaciones en una relación societaria cómplice entre actores en ambos lados del mostrador.
Los hospitales llenos son igualmente por el poco porcentaje de asegurados en el Instituto de Previsión Social (IPS) y mucho menos aún son los que están como usuarios en los sanatorios privados. Esa mayoría ciudadana, sin protección médica, es la que abarrota los puestos de salud estatal.
En Paraguay no existe un servicio civil para los médicos recién graduados. Sí existen programas de pasantía rural o de especialidad que bajo ciertas condiciones institucionales no logran disminuir las precariedades, urgencias y prioridades. Ni mucho menos.
Cada quien elige la profesión con algún fin altruista. El médico está para sanar y salvar vidas. A la deficiente pasantía rural se suma las necesidades que se producen en la misma Asunción, realidad que delata que el tema es bien complejo. Se podrá entender eso si se tiene en la mira la salud pública integral, no solo el plus salarial para el personal de blanco.
En un análisis severo debe incluirse a las industrias nacionales e importadores de fármacos, que están dentro de una cadena de incidencia que afecta la salud. Se sabe que algunos industriales tienen sus propios sanatorios, y por sistema informático sus médicos recetan, mayormente, productos de la misma empresa. Esto también repercute en el entorno de la calidad sanitaria nacional.
El hecho de que cerca de siete de cada diez personas no poseen un seguro médico privado o del Instituto de Previsión Social (IPS) revela que no basta el populismo de gritar solo de manera sectaria. Hay que hacer efectiva la descentralización con la atención inclusiva a las zonas rurales y comunidades indígenas.
La matriz de una buena salud pública se debe construir. Son decenas de años de un sistema vetusto en que la responsabilidad es mutua entre lo público y lo privado. Uno debe asumir una gobernanza con funciones especiales y el otro no debe ver la salud únicamente como factor de lucro.
En una sinergia de rectoría del Estado (para liderar, regular y planificar las políticas sanitarias), y con industriales, importadores y proveedores (más equitativos y menos angurrientos), el salario del personal de blanco y los remedios se solucionan por el propio imperio de la transparencia y la equidad.