Las consultas que buscan sostener y fortalecer la solidez bancaria las hacemos con el ánimo de reafirmar el control financiero de manera que todas las entidades trabajen con seguridad. Los interrogantes parten de la intención de colaborar con el fortalecimiento de las instituciones encargadas de regular, supervisar y fiscalizar, e igualmente tienen como objeto brindar mayor garantía a la estabilidad e integridad del sistema bancario local.
Toman como base la vigente acción fiscal que pesa sobre directivos acusados de lavado de dinero y en la necesidad de la claridad que debe darse cuando de por medio hay un fideicomiso con uso de dinero de los trabajadores. Son dos hechos sensibles que están en la agenda pública que requieren misiones adecuadas de corrección, si son necesarias.
Sobre el primer punto, cabe preguntar si, ¿se debe esperar que la Justicia determine el caso (que se sabe habiendo chicanas de por medio puede llevar años y años) o la entidad encargada de cumplimientos y control de normas, de oficio, debe emitir opinión al respecto?
Es que el tema se refiere a acusados, nada menos, de supuesto lavado de dinero transnacional. Concretamente es el caso Nicolás Leoz, Conmebol, banco Atlas. ¿Hubo alguna revisión extraordinaria sobre la conducción del banco? ¿Se revisó sus decisiones, actas de directorio, políticas de cumplimiento y responsabilidades internas?
Se supone que por la magnitud de la acusación penal que alcanza a la conducción de una entidad financiera, y que tiene repercusión internacional, debe producir, al menos, una investigación administrativa paralela sobre la eficacia de los controles. O es posible que exista, y solo es cuestión de tiempo para que se conozcan por los medios de prensa.
Aunque debe decirse que, en el caso Leoz, la propia Superintendencia de Bancos ya había advertido en el 2016 sobre los riesgos de los fideicomisos. Ante eso, la lógica dice: ¿se verificó que se cumpliera esa advertencia? ¿Qué se hizo desde la propia Superintendencia cuando las estructuras continuaron?
Es que por la acusación fiscal, y porque todo conlleva al juicio oral judicial, será imperioso saber que la advertencia quedó en simple nota o no. ¿Hubo inspección posterior, algún plan correctivo, seguimiento, sanción u orden concreta? Si existieron, será saludable conocer los resultados, pues también ayudará a la Justicia.
Lo cierto es que la Fiscalía sostiene en su imputación que hubo problemas de debida diligencia y hasta cuestiona la temporalidad de documentos del legajo de Nicolás Leoz. Eso lleva, por consiguiente, a querer saber más sobre el deber de los controles y las supervisiones que –lógicamente– deben darse.
En los archivos consta que el banco Atlas ya fue sancionado en el 2017 por cuestiones relacionadas con su actividad fiduciaria. ¿Qué medidas correctivas se exigieron después de esas sanciones y cómo se comprobó que fueran implementadas? Es conveniente conocer cuántas inspecciones específicas se realizaron sobre el negocio fiduciario del banco Atlas entre el 2017 y el 2026? ¿Cuántas observaciones se formularon, qué planes de regularización se ordenaron y cuántos sumarios se abrieron?
Ya con el caso IPS específicamente, ¿cómo se explica que al menos hasta enero del 2026 no existiera una investigación en curso sobre un fideicomiso administrado por el banco Atlas que manejó una estructura de hasta G. 828.800 millones y que ya estaba siendo revisada por auditorías, Fiscalía y otros organismos del Estado paraguayo?
En fin, son preguntas normales para un ambiente decidido a precautelar el mundo bancario/financiero, y que merecen respuestas. A las citadas más arriba tenemos otras (por falta de espacios no añadimos) que posiblemente sigamos agregando en el espíritu de colaborar en la marcha sólida del sistema, que es una responsabilidad que corresponde a todos los involucrados.