Uno de los puntos destacables en los tres años de gobierno del presidente Peña es la nueva política de ruralidad. El trabajo que realiza por medio del Indert es el paso inicial lógico para crear bienestar en el campo, cuya base es que las familias estén en la seguridad de ser dueñas de la tierra.
Históricamente, la atención a los sectores campesinos pasaba por los discursos. En los hechos figuraba la adquisición de la tierra por parte del Estado para luego ser transferida al ocupante. Sin embargo, no se daba el siguiente tramo: la oficialización por medio de la titulación. Recién en este período gubernamental se empezó a formalizar tal derecho.
Es bueno hacer notar que el desafío del gobierno es consolidar una nueva ruralidad, donde la producción en el campo representa una oportunidad de desarrollo. Solo así las nuevas generaciones encontrarán en el sector productivo un proyecto de vida con acceso a la tierra, que obviamente debe ir acompañado por tecnología, financiamiento y mercados.
El plan preparado por el gobierno de Peña contempla tres pilares: productividad, mercados y desarrollo. Es que con la tierra titulada debe darse el trabajo de siembra y cosecha; eso exige la apertura de nuevos mercados y ambos, imperiosamente, darán progreso familiar.
La productividad se busca potenciar con todo lo relativo a la titulación masiva de tierras. Acá está el enfoque inclusivo (juventud y mujeres rurales), acceso a crédito, alianza público-privada, fomento a la asociación cooperativa, innovación tecnológica y asistencia técnica, investigación y ciencia.
En cuanto a los mercados, a través de mecanismos estratégicos se pretende asegurar la compra de la producción. Para este efecto, la Ley Hambre Cero tiene el rol de estimular la oferta y los mecanismos para que los productores coloquen su producción a través de las compras públicas, e integración competitiva con los convenios de libre comercio disponibles o que puedan ser negociados por el país.
En cuanto al desarrollo, el enfoque pretende ser integral. Es decir, se debe invertir en educación, salud, infraestructura, viviendas, energía segura, educación financiera, emprendedurismo para mujeres rurales y fortalecimiento de las capacidades para la integración a los espacios sociales, políticos y culturales.
La colonización y la reforma agraria llevan en Paraguay 145 años de vigencia. En el caso de la colonización, la misma surgió en 1881 sobre la base de las tierras públicas (tierras del Estado) y tenía como intención volver a recuperar los pueblos y las ciudades desaparecidas tras la Guerra de la Triple Alianza. Por su parte, la reforma agraria se inició en 1904 con la aprobación de la Ley de Colonización y de Hogares.
Se estima que en estos 145 años se asignaron más de 15 millones de hectáreas de tierras a la colonización y a la reforma agraria, pero solo el 5% de las mismas fueron transferidas a los campesinos. Recién ahora, corresponde repetirlo, bajo la administración de Peña y la gerencia del Indert se lleva adelante la titulación masiva, que —si continúa bien— será la base y generadora de la verdadera riqueza rural en el Paraguay.