Será ideal que el proceso en curso por el fideicomiso entre el Instituto de Previsión Social y el banco Atlas entre en su etapa de definiciones. Más ahora que el Ministerio Público imputó, pidió prisión preventiva y ordenó embargo preventivo –por otro caso– sobre exfuncionarios del IPS. Dicha acción, en paralelo, dará integridad institucional al esfuerzo que instala preocupación por los recursos de los aportantes.
La tarea de la Fiscalía contra los exdirectivos de la previsional, conocida el martes pasado, debe interpretarse como parte de un rol constitucional. Con el valor agregado que constituye una acción operativa que busca garantizar la devolución o reparación por daños que repercuten en la atención médica, la entrega de medicamentos y el pago de jubilaciones a los trabajadores y sus familias.
Dentro de esa visión que tiene por objeto proteger un colchón social del Estado, que es el IPS, puede incluirse la eficiencia en descifrar qué pasó con el fideicomiso firmado para la construcción de hospitales. Por la seriedad en el cuidado de la salud de los asegurados y sus familias, es crucial saber el cumplimiento de los documentos firmados.
Desde el momento en que no se disipan las dudas, las sospechas crecen de forma potencial. Además, golpea ese discurso de la transparencia mediática que grita el grupo ABC Color pretendiendo colocar, a su manera, a los buenos en un lado y a los malos en otro extremo, que es un simple ardid para proteger al presidente de banco Atlas, Miguel Ángel “Miki” Zaldivar, actual marido de la directora del mencionado medio, principal actor del sospechoso fideicomiso.
Lo que está en el conocimiento del público en general es que los informes de Auditoría Interna y de control detectaron pagos sin respaldo físico total, fallas en obras hospitalarias y manejos financieros poco claros dentro del comentado fideicomiso, que obviamente salió de los acuerdos iniciales, según los propios fiscales.
Así como los imputados expresidentes del IPS Vicente Bataglia y Jorge Brítez, y otros altos funcionarios, procesados por realizar pagos anticipados y aprobar adendas vinculadas al contrato para un quirófano modular antes de que estuviera liberada la zona de obras del Hospital Central, hay que conocer el trasfondo del fideicomiso con banco Atlas, que en esencia es mucho más grave.
El Ministerio Público, ciertamente, sigue analizando documentos y declaraciones testificales que encaminan, así como van, a otras imputaciones. En este punto referido al fideicomiso será por no llevarse a cabo la promesa de más hospitales. Lo que está en agenda es, nada menos, el dinero del asegurado, sensible para la sostenibilidad de la institución.
Además de las averiguaciones que realizan los fiscales, es destacable el coraje de las actuales autoridades del IPS en colaborar con la Justicia. Ya de por sí es trabajo diario titánico responder a los miles y miles de pacientes que acuden a los centros médicos anhelando sanación, y aún más tener encima el peso de deslindar culpas de extraños ante los agentes fiscales.
La exhaustiva y severa carga investigativa es una causa nacional. Pues el dinero distribuido o dilapidado tiene olor y sudor del esfuerzo conjunto de los aportes obreros y patronales. Por ello, no solo se imponen las medidas restrictivas para los eventuales responsables del desfalco al IPS, también, dentro del marco de las normas legales, cabe la devolución de todo lo que le corresponde y es del asegurado social.