El Estado pidió perdón como parte de las medidas de reparación dispuestas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en su fallo en el caso “Santiago Leguizamón Zaván y otros vs. Paraguay”. En nombre del exdirector de radio Mburucuyá de Pedro Juan Caballero, queda el reclamo de “políticas públicas” para garantizar la libertad de expresión y de prensa.
Es bueno tener claridad sobre ese conjunto de estrategias y acciones para resolver los puntos que se discuten en nombre de la sociedad y que involucran la libre expresión y la libertad de prensa, todas empaquetadas con la denominación “políticas públicas”. El principio de la calidad de vida se inicia por la honestidad intelectual reconociendo las dificultades para luego lograr los objetivos idealizados.
La sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos impone al Estado “desarrollar políticas públicas” de blindaje al ejercicio periodístico. Se escuchó que eso conlleva a la ley de protección que el Congreso no aprueba. Acá el debate está instalado en la fusión o no, en una misma ley que ampara a los periodistas, con quienes son operadores de los derechos humanos.
Como el pedido viene en la memoria de Santiago Leguizamón será difícil saber qué hubiera preferido él sobre esa unión dentro de una sola ley. Los que compartieron con él tendrán alguna presunción. Será sensato observar que en esa carga de presión al Estado sobre dicho tema, hay opiniones divididas –bien marcadas– entre los propios periodistas.
La diferencia radica en que los periodistas buscan investigar e informar a la sociedad en base a los hechos de interés general, donde es noticia, diariamente, lo público y lo privado. Los defensores de derechos humanos, en tanto, ponen el foco principal en las autoridades públicas al ser el Estado el principal garante de lo que corresponde a la gente.
Los periodistas tienen como obligación y deber ético dar el trato sin distinción al abuso público y al atropello privado. Es que las personas comunes también tienen límites e igualmente deben respetar a sus pares terceros. Los militantes de derechos humanos concentran su mayor atracción en la coacción del Estado.
Debe tenerse en cuenta que el 90% de los periodistas tiene el trato laboral y salarial con el sector privado nacional. Algunas organizaciones de derechos humanos, por su parte, reciben fondos internacionales que los condicionan a un determinado plan de tareas específicas, que pueden estar en reparo y colisión con la libre expresión de la prensa.
Los periodistas deben hacer hacer sus aplausos, críticas y reparos por igual tanto a los gobiernos de derecha como a los de izquierda, en tanto los operadores de derechos humanos tienden a inclinarse, según dicen, hacia uno de los lados, de acuerdo al financiamiento de los proyectos internacionales que desarrollan.
Ante el panorama vigente, corresponde que el Congreso sancione una ley de protección a los periodistas y otra para quienes solicitan en nombre de los derechos humanos. La propia Corte Interamericana (CIHD) entenderá que no se puede imponer una unidad en una norma única en que los propios periodistas tienen divergencias por su rol plural y especial que tienen de cara a toda la sociedad que integra a los agentes públicos y privados.