La libertad de prensa y el Estado de derecho son cruciales para la buena marcha de la democracia. Aunque poco se diga, forman el vínculo paradójico en un recíproco control. Una no puede usarse para extorsionar y el otro no puede permitir la censura.
La prensa debe gozar de su libre expresión y no hay poder externo que limite su derecho a informar. Un Estado de derecho brinda la debida protección al trabajo periodístico. Ambos deben asumir que no hay delitos de prensa e igualmente deben reconocer que pueden existir los cometidos por medio de la prensa.
Así como el Estado de derecho debe vigilar el desenvolvimiento sin presiones de la prensa, esta no puede estar coaccionando para sacar ventajas so pretexto de la presunta influencia mediática. De ser así, se rompe la premisa de que se complementan y se regulan mutuamente dentro de lo que es una sociedad abierta.
Sin una prensa libre que vigile a los gobernantes, las leyes pierden su fuerza para proteger a los ciudadanos de los abusos. Eso no significa que goza de un poder absoluto para publicar información falsa de forma maliciosa ni violar la vida privada, que constituyen daños legales exigibles.
El Estado de derecho se sustenta en la división y el equilibrio de tres poderes: Legislativo, Ejecutivo y Judicial. La libertad de prensa tiene su divisoria y respeto entre la empresa, sus periodistas y el receptor de la información. Los límites evitan excesos.
El Estado de derecho asegura que la prensa esté libre de presiones. Por eso no permite leyes que bloqueen noticias antes de que salgan a la luz. Aunque eso no es una carta blanca para perjudicar o buscar beneficios indebidos.
Los tribunales deben proteger el ejercicio periodístico y evitar el uso de las leyes para criminalizar o silenciar la investigación de la corrupción. Sin embargo, la prensa no es un garrote de intimidación y tampoco puede acosar para sacar ventajas para la dirección de un medio o un grupo financiero.
En fin, ambos operan con los límites del respeto a los derechos de terceros, la responsabilidad ulterior y las garantías procesales: el Estado no puede marcar la línea editorial de la prensa ni el formato periodístico. Esta garantía no deja que la prensa y sus lobistas se conviertan en una asociación de presión y chantaje contra jueces, fiscales y la propia Corte Suprema de Justicia para burlar las normas jurídicas.