La razón social del fideicomiso es el fiel cumplimiento específico del objeto para lo cual se deriva el patrimonio, que se debe proteger sin que tenga peso el argumento diferente interesado. Ante eso, valoramos la presencia ayer en La Tribu 650 AM del extitular del IPS Benigno López para opinar sobre el citado mandato legal entre la previsional y el banco Atlas.
Ciertamente, los bienes transferidos a un fideicomiso constituyen un capital independiente y autónomo. Por ley y por contrato, el fiduciario está estrictamente obligado a destinar esos activos exclusiva y únicamente al fin preestablecido por el fideicomitente.
Ante la clara y contundente definición del fideicomiso, los asegurados buscan saber cómo queda el informe técnico que expone que, del total de G. 828.800 millones administrados por la fiducia, apenas el 24% se destinó a los cuatro hospitales prioritarios contemplados originalmente (como el Centro Hematológico y el Hospital Ingavi).
Además, desean conocer si en verdad el 76% restante se reorientó a conceptos no planificados de forma irregular, incluyendo gastos corrientes, salarios y proyectos no autorizados. Son preguntas que Benigno López respondió de acuerdo a su interpretación, y ante otras insistencias de los periodistas dijo que “si hubo mala utilización para otros fines, constituiría un incumplimiento”.
Se sabe que el fiduciario (banco Atlas en este caso) tenía el deber de administrar el dinero de los aportantes siguiendo estrictamente las instrucciones pactadas en el objetivo específico acordado con el IPS. Sobre ello, López afirmó “que el contrato se basa en la buena fe de la gente”.
Ante otras inquietudes periodísticas, el expresidente de la previsional destacó que dichas requisitorias se debían hacer a los directivos del banco Atlas: “Eso hay que preguntar a ellos”, apuntó. De hecho es así, como igualmente corresponde entender la contestación coherente de las autoridades del IPS.
Por encima de las expresiones de la persona entrevistada y el deseo de los comunicadores por dilucidar el referido tema, el Ministerio Público, como titular de la acción penal pública, está obligado a llegar al final de la investigación en la presunta lesión de confianza que involucra el patrimonio de los trabajadores y los jubilados.
Ya actualmente, hay que decirlo, el tema se encuentra bajo investigación activa por parte de la Unidad Especializada en Delitos Económicos y Anticorrupción. Lo que se conoce con seguridad es que los fondos millonarios debían destinarse originalmente a la construcción y la terminación de hospitales.
Por de pronto, por encima de las preguntas de La Tribu 650 AM y respuestas de Benigno López, las sospechas crecen sobre la probable alteración del contrato original —e inclusión irregular de un “quinto punto” o cláusula—. Tampoco se tiene certeza sobre respaldos documentales que justifiquen el destino final de los recursos y, como si todo fuera poco, nada sobre que el IPS haya sido su propia garantía ante el probable mal uso del fideicomiso.