No es la primera vez que rompe con el horario matinal. Como suele tener transmisión en directo por algunos medios, entonces trata de instalar su exposición in extenso y evitar que todo quede en los resúmenes de la prensa e intereses particulares o grupales de los políticos.
Los informes presidenciales ante el Congreso, en las naciones democráticas, son parte de las tradiciones republicanas. Así como el principal gobernante está obligado a darlo, que es como si fuera una rendición de cuentas, todos los legisladores tienen el deber de prestarle atención; primeramente, con su asistencia en la hora y el recinto estipulado.
La razón de hacerlo ante el Congreso es porque allí radica la representación popular. Está compuesto por legisladores elegidos por voto popular. Por lo tanto, al hablar ante ellos, el mandatario pone a disposición su administración. Ciertamente, la práctica no es solo por costumbre, sino por una obligación legal.
Obviamente, la aprobación o reprobación de los parlamentarios es una premisa que viene con la propia definición de lo que conlleva la democracia. Sin embargo, existe mayor autoridad para cualquiera de las opiniones de los legisladores si es efectiva la presencia física en el cuerpo legislativo, en el tiempo que se pone a consideración pública.
La intención de exponer el informe de manera directa a la población es una forma de permitir que cada persona saque sus propias conclusiones. De tal forma, sin decirse, tal vez, exige la objetividad de los políticos, que solo suelen transmitir lo que les interesa, y trata así de esquivar el sesgo de las empresas de comunicación, que titulan luego, dentro de su libertad, de acuerdo a sus líneas informativas.
Es bueno asumir que el acto institucional simboliza el respeto mutuo y el diálogo entre el Ejecutivo (que administra el país) y el Legislativo (que legisla y controla). A nivel histórico, tal tradición tiene sus raíces en las primeras repúblicas modernas, como Estados Unidos (con el tradicional informe sobre el Estado de la Unión), que se mantuvo como pilar para la transparencia gubernamental.
La concentración racional sobre lo dicho por Peña ayuda para el análisis posterior. El valor está en que con el discernimiento se puede proyectar el desarrollo económico y social del país. Hay bases para que así sea partiendo del crecimiento del PIB del 6,6% alcanzado en el 2025 y el pronóstico alentador que hay sobre el final del actual período anual.
La mirada clara, planificada, sobre el progreso es la plataforma para continuar con el esfuerzo por disminuir la pobreza, que pasa por la generación de más empleos. El trabajo, aunque no sea tan directo, tiene su cuota de incidencia en la seguridad, que posiblemente sea otro foco que preocupa.
El ciudadano, en resumen, ya tiene en su poder el informe. Esa apertura de gestión presidencial al pueblo deja, hoy 24 horas después, en poder de cada ciudadano la crítica justa. Es decir, puede contrastar lo señalado por el jefe de Estado con la realidad social, económica y de seguridad del Paraguay. Eso lo puede hacer sin algún intermediario.