No existe otra autoridad que la Constitución Nacional y las normas vigentes en el país para garantizar a propios y extraños, la convivencia ordenada en comunidad dentro de la seguridad jurídica. Hay un crecimiento mayoritario en valorar la institucionalidad porque ella establece las reglas que rigen en la Nación.
Es auspicioso saber que en la ciudadanía crece el celo por sostener el conjunto de creencias, valores, normas, tradiciones y formas de interacción social. Ese clima, acorde a derechos y obligaciones, es un trascendente agregado que incide de manera positiva en la productividad nacional.
La solidez institucional es crucial, pues permite la estabilidad política, el desarrollo económico, la eficacia en las decisiones públicas y la protección de los derechos de los ciudadanos. Obviamente, habrá quienes no quieran ajustarse a vivir en igualdad de condiciones por temor, tal vez, a perder privilegios.
Duele decir, pero sí hay actores externos a la estructura formal de poder que aún no asumen su adaptación corporativa a la institucionalidad. Ese sector pretende la debilidad del Estado, por lo que, mayormente, buscan crear desconfianza y sacar provecho de los conflictos. Sin embargo, es una minoría que está en declive.
La gente común, el Juan Pueblo como suele decirse, logró entender que la libertad radica en la institucionalidad. El pueblo, en su porcentaje mayoritario, reconoce que ella es la columna vertebral de la República, blindando la convivencia pacífica, la democracia auténtica y el orden político, económico y social.
Únicamente los grupos que operan fuera de las reglas establecidas son los que se sienten incómodos con la institucionalidad, que — guste o no — va formando cuerpo y contundencia. Es que la debilidad de instituciones conlleva a un Estado ausente y en esas condiciones las corporaciones exógenas sacan tajadas, injustamente, en desmedro de otros.
La institucionalidad debe asumirse como el conjunto de reglas, normas y organismos que estructuran la vida pública, al cual todos se deben someter. En ese marco nadie puede ignorar la ley y nadie puede estar por encima de los poderes del Estado. En verdad, la democracia paraguaya está empezando a comprenderla, cabalmente.
EL SEMÁFORO DE LOCALES
Verde:
Plan industrial hacia el 2045
La agenda industrial plantea duplicar la producción, agregar valor, generar empleo formal y crear polos en el interior. Paraguay no solo debe crecer, debe sofisticar su matriz productiva.
Amarillo:
Cables sueltos en Asunción y Central
El vacío legal sobre retiro y disposición de cables en desuso constituye un riesgo vial, responsabilidad de empresas, municipios, Ande, Copaco y sanciones.
Rojo:
Red internacional de explotación sexual infantil
Operativos con miles de archivos ilícitos y cooperación internacional. Es alerta máxima: protección de niñas, niños y adolescentes, delitos informáticos y redes transnacionales.