Quien hace el contrabando, no caigamos en un engaño infantil, no lo realiza para abastecer simplemente el mercado ante una posible carencia del producto. Eso poco o nada importa. El objetivo es la ganancia ilegal y abusiva. Mirando los precios de origen y su venta posterior, la paga en los comercios es desconsiderada con el consumidor. ¡Vean la diferencia!
Hay una contradicción en la política pública cuando se expresa preocupación por los bajos ingresos y se alardea por proteger el trabajo nacional. En ambas, la incoherencia está en que se permite la competencia desleal para las empresas y emprendedores formales, y, encima, eso se permite a costa de la sangría al fisco estatal.
Ni entraremos en el discurso repetido que “destruye empleos y desincentiva la inversión”, que está en cada evaluación de los grupos empresariales. Sin embargo, no hay capacidad crítica para asumir que los mayores contrabandistas y evasores son socios que están con cuotas al día en esas entidades gremiales.
Se sabe que la evasión de aranceles aduaneros reduce la capacidad para financiar servicios públicos esenciales como salud, educación e infraestructura. Otro detalle no menor: el contrabando, ya saldrán a decir que no, es el canal observado por las redes de crimen organizado y lavado de dinero para avanzar en sus fines.
En estos días, tras la intervención de la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT) se dispuso la certificación de las mercaderías decomisadas a fin de determinar si son aptas para el consumo y proceder a su posterior donación. Eso suena bien, pero, ¿qué pasa con esa mayoría de productos ilegales que cruzan la frontera sin ningún control sanitario?,¿cuál es la respuesta?
Será bueno conocer si hay alguna denuncia formal del Estado, conocida con nombre y apellido, contra alguien sindicado como contrabandista y si existe alguna persona cumpliendo penas en prisión. Es posible que no exista; si hay, será bueno refrescar la memoria social. Eso será un precedente que debe visibilizarse.
El contrabando es la sociedad entre grupos de funcionarios y unos comerciantes privados. Ergo, es una minoría cuya actividad es dañar al erario estatal, poner en riesgo el trabajo formal y (en el caso de los alimentos) arriesgar la salud de la población. Lo real es que en lo público se forman nuevos ricos (aduaneros y funcionarios de control) y en lo privado se ayuda a incrementar las finanzas (supermercadistas y comerciantes en general).
Sin pretender caer en lo dramático, es un flagelo que colabora, que impacta si quieren asumirlo, en el fomento del crimen organizado y por ende es parte activa de la inseguridad. Lo peor es que crece en un ambiente de hipocresía. Por simple lógica, sin mucho pensamiento, se puede afirmar, por lo relatado, que no existe el contrabando sin el contrabandista.
VERDE:
Itapúa como vitrina de gestión
La habilitación del centro de atención integral para la infancia en Encarnación y el refuerzo de red energética y planes habitacionales en Itapúa permiten instalar gestión territorial, con impacto social visible y obras concretas.
AMARILLO:
Internas políticas sin horizonte claro
El PLRA prioriza las municipales y aplaza el debate 2028, mientras desde el Partido Colorado se muestra a Alliana ordenando tiempos y fila de candidatos en el oficialismo. La democracia requiere planificación para que la participación la fortalezca.
ROJO:
Manipulación mediática
El uso de medios de comunicación afines a grupos empresariales, para generar aprietes en el ámbito de la justicia, incluyen información sesgada y hasta operaciones transnacionales de fake news para poner en duda la integridad de jueces, fiscales y la misma estructura judicial.