Una de las áreas que colaboró a lograr el grado de inversión fue la seguridad jurídica. Ante ese trascendental paso que dio el Paraguay, más que nunca debe cuidarse que los procesos judiciales tengan curso normal y —sobre todo— que reine la justicia. Eso significa que los culpables ante la ley deben pagar su cuenta.
Desde el momento que se consiguió y se tomó como beneficioso el grado de inversión, también vinieron exigencias que se deben respetar. En ese aspecto, los ojos de los inversores son más severos ante la posibilidad de traer sus capitales hacia la tierra guaraní, ya que quieren que sean perenne en el tiempo las garantías en el campo jurídico.
Tanto el sector público como el sector privado deben asumir a plenitud que el país, por la calificación que obtuvo, está sujeto a una mayor observación de la comunidad global. Eso describe que aumentó el monitoreo sobre la institucionalidad, con especial énfasis sobre los casos que tienen impacto internacional.
Solo por citar un tema emblemático, y porque estamos ya en la antesala del Mundial de Fútbol. En el caso paraguayo hay interés foráneo sobre las secuelas y el seguimiento a hechos de corrupción que en su momento se iniciaron en la FIFA. Estamos, en ese punto, hablando de uno de los mayores escándalos en la historia del fútbol, revelado tras una investigación, nada menos, del propio Departamento de Justicia de los Estados Unidos.
En nuestro ambiente, por hilar con lo citado más arriba, sigue en agenda la denuncia de la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol) por recuperar un millonario monto desviado, según la acusación, hacia el banco Atlas, que tiene a su presidente, Miguel Ángel “Miki” Zaldívar, en calidad de imputado. Por encima de las excusas con que se busca eludir el llamado fiscal y judicial es un objeto que mide el nivel de seguridad jurídica.
La República, guste o no a quienes creen que Paraguay sigue siendo una isla, está en el radar de las grandes ligas financieras. Es algo que fue posible con mucha disciplina y sacrificio. Por más que persistan grupos históricos acostumbrados a anteponer lo suyo al bien general, no debe permitirse que la seguridad jurídica vuelva a ser la pata coja.
Es hora de entender que la institucionalidad es, de buena manera, ese marco legal estable y eficiente que atrae capitales. Ella fomenta la inversión privada y reduce la incertidumbre, impulsando el crecimiento económico.
La estabilidad en las normas, la fidelidad a los contratos, el respeto a los procesos judiciales y la paga por los delitos cometidos revelan un sistema jurídico sólido y una justicia eficiente, que como consecuencia atraen las inversiones y dinamizan toda la economía.
La certeza jurídica, por ser fundamental para alcanzar el grado de inversión, acredita su cuidado entre todos los ciudadanos que están con la ley, y por eso no debe dejarse resquicio, ninguno, para volver a ese pasado con olor a impunidad.