Nuestro título principal de portada decía ayer: “El Gobierno admite baja recaudación (1), anuncia ajustes (2) y pago de deudas (3)”. Los números agregados son de ahora para dimensionar los tres temas, en párrafos posteriores, que conllevan, unidos entre sí, una gestión pública que debe proyectar calidad de vida para toda la sociedad.
Veamos. En términos de política fiscal, equidad y para el cuidado del grado de inversión, es mejor que todos paguen sus impuestos y no alzarlos para que abonen los mismos de siempre. Es decir, el ideal es ampliar la base tributaria (que más personas y empresas abonen) para paliar la disminución de ingresos y no crear nuevos impuestos (1).
Los ajustes públicos deben empezar por la reducción de gastos superfluos. Hay que eliminar aquellos innecesarios, excesivos o que no aportan ningún retorno beneficioso a la población. Esos millones por bocaditos, regalos de fin de año, seguros médicos vip, viáticos excesivos, alquileres que no se usan, publicidad sin retorno, etcétera, deben cortarse de cuajo (2).
En el punto en que el Gobierno promete pagar la cuenta estatal, invitamos al sector privado a la reflexión. En una ilustración genérica, deteriora la libertad de mercado eso de comprar en origen a un precio el producto y que se venda más caro al Estado -al doble, triple o más- o que tramos de las obras públicas se hagan de mala manera y que las mismas se deterioren en el año. Eso es, guste o no la definición, una estafa al que tributa (3).
Para el buen entendedor, la mejora de los ingresos pasa por reducir la evasión fiscal, que en Paraguay se sitúa históricamente en torno al 40% de la recaudación potencial, particularmente en el impuesto al valor agregado (IVA). Aunque informes de la DNIT indican una reducción, los reportes sugieren pérdidas millonarias, con estimaciones de evasión, solo en el 2025, cercanas a los USD 1.600 millones (1).
Los gastos operativos indebidos se deben erradicar. Estos van desde telefonía móvil prémium o seguros de vehículos de alto costo, excesos en papelería y suministros de oficina, eventos protocolares con gastos de catering sin resultados, servicios de imprenta innecesarios, entre otras cosas. Estos despropósitos, sin contemplación, deben ser anulados, como también los ministros deben encauzar sus urgencias y prioridades (2).
Efectivamente, como debe ser, el Estado debe honrar sus cuentas. Sin embargo, no está de más admitir que hay servicios y proveedores que abusan de la permisividad y la complicidad de la administración pública. Siempre hay denuncias de simulación y sobrefacturación para desviar dinero del pueblo. También existen exorbitantes precios en insumos médicos, agrícolas, construcciones y productos de inferior nivel que defraudan el erario público (3).
En fin, deben cobrarse impuestos a quienes no pagan y entender que la evasión es un vals que se baila de a dos (1). El recorte debe iniciarse, sin vueltas, con los despilfarros y derroches innecesarios (2). Claramente se deben abonar las deudas, pero el proveedor debe ajustar sus precios a la realidad y brindar calidad (3), aunque en este punto aún tienen la ventaja porque parte del porcentaje sobrefacturado queda en lo público.
Conclusión I: el grado de inversión trajo consigo el compromiso que impone a no alzar tributos, obliga a ajustar los gastos a los ingresos como igualmente debe servir para la transparencia, abonando solo lo que corresponde por cada servicio que recibe el Estado.
Conclusión II: definitivamente se puede aumentar ingresos sin nuevos tributos, gastar mejor y honrar deudas legitimadas. Si se quieren cumplir los tres puntos, claramente se puede. De lo contrario, lo construido con mucho esfuerzo como imagen país puede perderse antes de que cante el gallo.