El Paraguay es promocionado por su alta producción de energía. Sin embargo, los cálculos técnicos describen el riesgo del servicio desde el 2030. Tal vez por eso, en el 2024, fue aprobada una política energética con proyecciones hasta el 2050, que busca aumentar la participación de otras fuentes renovables, incluyendo las alternativas a la hidroelectricidad.
Ante la anunciada inestabilidad que se viene, se debe exigir acelerar los procesos. Un Estado previsor hace mucho más que solo planes, más aún cuando existen estudios que indican peligros, ya en poco tiempo, para el suministro continuo y sin corte. Urge entonces avanzar, sin pausas ni pretextos, en otras fuentes de energías renovables.
Toda la electricidad actual es la que proviene principalmente de las grandes represas hidroeléctricas. Es decir, el consumo final sigue dependiendo de fuentes fósiles y biomasa. Pese a los esperanzadores discursos, todavía no se ejecuta con hechos concretos la cobertura que blinde la demanda ante las amenazas en ciernes.
La principal legislación sobre energías renovables es la Ley 6977/2023, la cual fue reglamentada en el 2024. La regulación apunta a fomentar la generación, producción, desarrollo y utilización de la electricidad a partir de fuentes renovables no convencionales no hidráulicas.
Lo cierto es que los objetivos de la Ley 6977/2023 todavía no se materializan en la diversificación de la matriz energética. El plan tiene como meta reducir la dependencia de las grandes centrales hidroeléctricas, incentivar la inversión privada en energías alternativas y garantizar la seguridad energética a largo plazo.
Habría que desvelar dónde está el obstáculo que permite la parsimonia. Además del reparo al sector público, corresponde tener en claro por qué no se percibe una ofensiva de los grupos privados para participar e invertir en proyectos de generación de energía renovable, como la solar.
La Administración Nacional de Electricidad (Ande) debe asumir que, de generadora, debe concentrarse en ser buena administradora. Será conveniente conocer lo que la ley prevé: en qué estado se halla la firma de contratos entre los generadores de energías renovables no convencionales y la Ande, o con concesionarios del servicio, para la conexión y suministro a la red.
La ley también designa una autoridad de aplicación responsable de otorgar licencias y mantener un registro de generadores y autogeneradores de energías renovables no convencionales. Es prudente incluso saber cómo se encuentra la sugerencia legal para la aplicación de incentivos fiscales y subsidios para la adopción de energías alternativas.
La política de bien que está con la gente, que es obligación de oficialistas y opositores, debe operar por una transición energética para sacar el quebranto sobre los usuarios. El Paraguay de las inversiones igualmente está inseguro sin una matriz de consumo sostenible y con calidad.