El Tribunal de Ética Judicial determinó que seis ministros de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) no violaron el código de ética al participar en la reunión con el presidente de la República, Santiago Peña, en diciembre del 2025. En esta decisión debe valorarse la autonomía al defender, dentro del marco institucional, el derecho al encuentro entre poderes del Estado y el carácter al no dejarse llevar por el ruido mediático interesado que causó el hecho.
Estamos hablando de una reunión de seis ministros dentro de un cuerpo de nueve, por lo que cabe afirmar que fue realmente un diálogo entre dos poderes del Estado. Fue a instancias de los miembros de la CSJ para tratar temas presupuestarios. Este tipo de diálogo colabora al fomento de la gobernanza, permite la coordinación interinstitucional y que, bien encarado, fortalece la vida en democracia.
Obviamente, los encuentros deben ser para fijar políticas de Estado (el Presupuesto lo es), combatir la corrupción o analizar la seguridad. De ninguna manera debe ser para que el sector político someta al Poder Judicial, y así la CSJ pierda autonomía ante el Ejecutivo. Eso, porque la independencia del Poder Judicial es el pilar fundamental de la Constitución, y su eventual subordinación desnaturaliza el Estado de derecho.
Por aquella reunión de diciembre se especuló hasta con algún pedido indebido o resoluciones judiciales de aquí y para allá. ¡Algo infantil!, todo ello, con seis miembros presentes de por medio. Se debe entender que la madurez institucional pasa también por las reuniones de alto nivel. Ojalá que los poderes (Ejecutivo, Legislativo o Judicial) puedan abordar, en recíproco control, las complejidades y así maximizar la gestión, respetando la función constitucional de cada uno.
El Tribunal de Ética había iniciado de oficio la investigación por la supuesta falta de independencia. Quienes entendieron que no hubo ninguna violación a la ética judicial fueron los miembros Miryam Peña, Amparo Samaniego viuda de Paciello, María Lourdes Breuer y Olga Talavera Torres. La presidenta del referido tribunal, Antonia Irigoitia, tuvo una postura disidente. Antes recibieron el dictamen del Consejo Consultivo, que sugirió que no hubo violación al Código de Ética.
En otras sociedades, las deliberaciones entre el mandatario con la mayoría de los ministros del Poder Judicial son asumidas como un mecanismo, uno más, para la cooperación interinstitucional y la estabilidad en una sociedad abierta. Por nuestro lado, se espera que este foco de conversaciones sirva para proyectar el ideal de la convivencia republicana dentro de lo que estipula la Constitución Nacional.
Aunque pueda doler, debe decirse que todo el rumor sobre la referida reunión fue mera especulación en base a prejuicios. Estas maneras de reacciones, lógicamente, terminan distorsionando la realidad, limitan -en el caso referido- el crecimiento institucional y generan injusticias. En lo personal, suelen apuntar a la discriminación o exclusión social. Los juicios sin base sólida dañan la propia convivencia.
Con lo resuelto por el Tribunal de Ética Judicial se pone fin al innecesario dimes y diretes, cuyo eco hasta hace poco aún resonaba. Por lo tanto, más que reparos sectarios o expresiones apuradas, será conveniente alentar que se reúnan los poderes del Estado, dentro del espacio constitucional. Ello si es para articular políticas públicas, observar conflictos de competencias y mejorar la eficiencia burocrática.