El proyecto de ley nació con un objetivo explícito: corregir los desequilibrios estructurales del sistema previsional del sector público y reducir su creciente dependencia del Tesoro Nacional. La iniciativa proponía una modificación de los parámetros centrales del sistema —aportes, edades de jubilación, cálculo de haberes y tasas de reemplazo— bajo una lógica de sostenibilidad financiera y equidad intergeneracional.
Sin embargo, el texto finalmente aprobado con media sanción refleja una reforma reconfigurada. Si bien mantiene el núcleo del proyecto original, introduce cambios relevantes que suavizan varios de sus aspectos más exigentes, incorporan diferenciaciones sectoriales y refuerzan mecanismos de transición y protección de derechos adquiridos. El resultado es un proyecto que sigue siendo estructural, pero con un balance distinto entre sostenibilidad fiscal y viabilidad política.
Uno de los cambios más relevantes se dio en el esquema de aportes. Los diputados optaron por abandonar la tasa uniforme del 19% para todos los afiliados y establecer un sistema diferenciado: los sectores deficitarios aportarían el 19%, mientras que los sectores superavitarios mantendrían el 16%. Asimismo, el aporte estatal dejó de ser fijo y pasó a ser gradual, comenzando en 1% y aumentando hasta 5% en un plazo de cinco años. Este cambio reduce el impacto inmediato sobre los ingresos de los trabajadores y el presupuesto, pero también diluye parcialmente el efecto financiero de corto plazo que buscaba el Ejecutivo.
En materia de edad mínima de jubilación, la modificación fue aún más visible. La edad de 62 años propuesta originalmente fue reducida a 57 años para varios sectores, incluyendo magisterio, magistrados, docentes universitarios y fuerzas públicas. Si bien se mantuvo el requisito general de años mínimos de aporte, esta reducción implica que el retiro podría producirse antes de lo previsto en el proyecto original, con impacto directo sobre la duración del período de pago de beneficios.
Otro punto clave fue el tratamiento de la tasa de reemplazo. Diputados introdujeron tablas más detalladas, con rangos que van aproximadamente del 70% al 85%, según edad y años de aporte. Aunque se mantiene la lógica de escalas progresivas y se elimina el 100% automático, el diseño aprobado tiende a ser más generoso que el esquema implícito en la propuesta original del Ejecutivo.
En cuanto a la base de cálculo del haber, se mantuvo el promedio de los últimos cinco años como regla general, pero se incorporaron excepciones relevantes, como la posibilidad de ampliar a diez años en el caso del magisterio cuando existen incrementos recientes de carga horaria. Este ajuste busca atender situaciones sectoriales específicas, pero también introduce mayor complejidad al sistema.
Finalmente, Diputados reforzaron de manera expresa el principio de respeto a los derechos adquiridos, incorporándolo como una garantía explícita en el texto legal. Esta inclusión responde a una demanda política y social central, y actúa como límite claro al alcance inmediato de las modificaciones.
El texto aprobado por Diputados confirma que existe cierto consenso político (todas las bancadas admitían la necesidad de su abordaje), pero también evidencia los límites de ese consenso. Las modificaciones introducidas reducen la intensidad del ajuste planteado por el Ejecutivo, especialmente en materia de edad de retiro y financiamiento inmediato, y trasladan parte del esfuerzo hacia un horizonte más gradual y, quizás, hasta difuso en cuanto a su efectividad.
Desde una perspectiva fiscal, el proyecto con media sanción sigue representando un avance respecto al statu quo, aunque con efectos más moderados en el corto plazo. Desde una perspectiva política, el texto aprobado busca equilibrar sostenibilidad con aceptación social, reforzando transiciones y protecciones explícitas, aunque el malestar del sector docente, especialmente, pueda generar tensiones futuras para el inicio de clases.
La discusión ahora pasa al Senado, donde se definirá si el país consolida esta versión intermedia del ajuste o si vuelve a endurecer algunos de los parámetros originalmente planteados por el Ejecutivo. En cualquier caso, el debate dejó una señal inequívoca: la reforma previsional ya no es una opción teórica, sino una decisión impostergable, y esta es apenas el comienzo de las otras grandes reformas que se requieren en el ámbito previsional, así lo piden IPS y los 7 de cada 10 paraguayos que siguen fuera del sistema.
Por lo menos, así lo veo yo.
Daniel Correa(*), economista y director de DCR Consultora. Profesor universitario