Paraguay ratificó este miércoles su estrategia de posicionarse como un referente regional de la economía sostenible. Durante una reunión de trabajo liderada por el presidente de la República, Santiago Peña, y el ministro del Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADES), Rolando de Barros, se revelaron cifras que marcan el despegue oficial del mercado de carbono en territorio nacional.
Según los datos presentados, Paraguay ya ha atraído inversiones superiores a los USD 10 millones en la región del Chaco, gracias al nuevo marco normativo. Actualmente, los procesos de certificación se encuentran en fase de expansión, alcanzando una superficie de más de 400.000 hectáreas.
Trazabilidad y transparencia como garantía
El ministro de Barros enfatizó que la consolidación de este mercado no solo depende de la cantidad de tierra protegida, sino de la rigurosidad del sistema. El objetivo es garantizar la trazabilidad, calidad y transparencia de los certificados emitidos, factores determinantes para generar confianza en los inversores internacionales y fortalecer la economía verde.
"Buscamos poner en valor nuestros recursos naturales y proyectar al país como un hub de negocios capaz de atraer capitales en energías limpias, como plantas solares fotovoltaicas e hidrógeno verde", señaló el titular del MADES.
Alianzas estratégicas y conservación
La hoja de ruta ambiental del Ejecutivo contempla un trabajo articulado con las entidades binacionales, Itaipú y Yacyretá, con el fin de robustecer el capital ambiental del país.
Asimismo, la reunión sirvió para evaluar el fortalecimiento de las áreas silvestres protegidas, que actualmente suman 2,4 millones de hectáreas bajo administración estatal. El plan de acción incluye:
- Mejoras en infraestructura y logística.
- Fomento de la investigación científica.
- Estrategias de comunicación para el uso recreativo y educativo de estos espacios.
Un modelo de desarrollo integrado
Con estos avances, la administración de Santiago Peña reafirma su compromiso de integrar la protección del ecosistema con el crecimiento económico. La apuesta del Gobierno sugiere que la conservación no es un freno para el desarrollo, sino una oportunidad para atraer inversiones responsables que beneficien a las futuras generaciones.