El acuerdo comercial entre la Unión Europea y el Mercosur genera una lectura cautelosa en el sector productivo paraguayo. Si bien el entendimiento abre la puerta a un acceso preferencial al mercado europeo, desde la Unión de Gremios de la Producción (UGP) advierten que los condicionamientos ambientales y regulatorios podrían diluir su impacto real sobre las exportaciones nacionales.
El tratado, que aún debe ser ratificado por los parlamentos nacionales, es valorado como un hito político y comercial tras más de dos décadas de negociaciones. No obstante, referentes técnicos del sector sostienen que el resultado final quedó por debajo de las expectativas iniciales del Mercosur, especialmente en lo referente a la eliminación efectiva de barreras para los productos agropecuarios.
Desde la UGP se señala que si bien las rebajas arancelarias constituyen un avance, no garantizan por sí solas un mayor acceso al mercado europeo. La experiencia paraguaya con la soja es citada como ejemplo: pese a contar históricamente con arancel cero en la Unión Europea, ese destino no se consolidó como principal mercado, con exportaciones cercanas a los USD 150 millones.
En el caso de la carne bovina, el análisis gremial advierte que el cupo concedido al Mercosur —unas 99.000 toneladas en equivalente carcasa— deberá dividirse entre los cuatro países del bloque, frente a exportaciones actuales que superan las 250.000 toneladas. En este escenario, el beneficio concreto se limitaría, en gran medida, al ahorro de aranceles sobre volúmenes ya exportados.
Uno de los principales puntos de preocupación está vinculado a las denominadas salvaguardias incluidas en el acuerdo. Desde la UGP sostienen que estos mecanismos pueden operar como barreras no arancelarias, habilitando restricciones a las exportaciones por criterios ambientales o sociales, aun cuando se cumplan las condiciones comerciales básicas.
Entre ellas se destaca el reglamento europeo sobre productos libres de deforestación (EUDR), que alcanza a rubros clave como soja, carne vacuna, madera, café y cacao, y que comienza a extender su alcance a otros cultivos. La interpretación europea sobre cambios en el uso del suelo posteriores a 2020 podría derivar en bloqueos comerciales, incluso en operaciones con arancel cero.
A esto se suma el mecanismo de ajuste de carbono en frontera, que obliga a reportar emisiones bajo estándares compatibles con los europeos. Para el sector productivo, estas exigencias implican mayores costos operativos, administrativos y financieros, con un impacto más severo sobre pequeños y medianos productores.
Desde la UGP advierten que la complejidad de certificaciones, la trazabilidad y los reportes técnicos pueden generar un proceso de exclusión productiva, afectando la competitividad general del agro paraguayo. Además, anticipan un debate complejo en el Parlamento nacional, ante el limitado conocimiento técnico sobre los alcances de estas normativas.
Pese a las alertas, el sector reconoce el valor estratégico del acuerdo como marco de referencia comercial y como señal política hacia los mercados internacionales. Mantener abiertos múltiples destinos es considerado clave para reducir la dependencia de mercados tradicionales y permitir que el comercio defina los destinos más convenientes.
Finalmente, los gremios subrayan que Paraguay cuenta con activos relevantes, como la vigencia de la ley de deforestación cero y la adopción de prácticas productivas sostenibles. Sin embargo, coinciden en que será necesario fortalecer la comunicación internacional y profundizar la apertura hacia otras regiones, como el sudeste asiático, para equilibrar los riesgos y oportunidades del nuevo escenario comercial.