Con más de tres décadas de operación parcial, la central sobre el Paraná expone cómo la falta de definiciones técnicas, financieras y ambientales impide cerrar un proyecto concebido como estratégico para Paraguay y Argentina.
La Entidad Binacional Yacyretá (EBY), un organismo compartido entre Paraguay y Argentina, representa uno de los proyectos hidroeléctricos más ambiciosos de América Latina. Inaugurada en la década de 1990, la represa se erige sobre el río Paraná, en la frontera entre ambos países, simbolizando tanto la cooperación transfronteriza como los desafíos persistentes en materia de energía, finanzas y medio ambiente.
En esta serie de artículos exploraremos el estado actual de la represa, su incompletitud estructural, las deudas pendientes y las oportunidades de expansión. En un momento en que la transición energética global prioriza fuentes renovables, Yacyretá podría posicionarse como un pilar para la soberanía energética de la región, pero solo si se resuelven sus pendientes históricas.
Yacyretá no es solo una obra de ingeniería, es un ecosistema económico y político. Con una capacidad instalada actual de aproximadamente 3.200 MW, genera energía limpia que abastece a millones en ambos países. Sin embargo, la represa permanece con cuentas pendientes: funcionó durante años de manera inadecuada con un embalse cuya cota era muy inferior a la del proyecto (hasta el 2011, cuando se elevó a la cota operativa óptima de 83 metros sobre el nivel del mar - msnm), y aún falta concluir el brazo Aña Cuá.
Estos elementos no solo aumentarían la producción energética, sino que también equilibrarían las asimetrías financieras entre Paraguay y Argentina. La deuda estimada al Tesoro argentino ronda los 4.000 millones de dólares, según el acuerdo Cartes-Macri del 2017, que aún espera ratificación en el Congreso argentino.
Este pacto, ampliamente favorable para la viabilidad financiera de la represa, busca reestructurar obligaciones históricas, pero su no implementación perpetúa tensiones. En esta primera entrega abordaremos la historia técnica de Yacyretá, su diseño ingenieril, el impacto ambiental y socioeconómico y el laberinto de deudas. Al mismo tiempo profundizaremos en las expansiones propuestas, soluciones financieras innovadoras y proyecciones futuras.
De la concepción a la operación parcial
El proyecto surgió en la década de 1970 como respuesta a la creciente demanda energética en el Cono Sur. Firmado el Tratado de Yacyretá en 1973 entre los presidentes Alfredo Stroessner de Paraguay y Juan Domingo Perón de Argentina, el acuerdo estableció la EBY como entidad autónoma para construir y operar la represa.
El objetivo era aprovechar el caudal del Paraná, el segundo río más largo de Sudamérica, para generar hidroelectricidad a gran escala. Técnicamente, es una represa de tipo gravedad con vertedero y casa de máquinas integrada. Su estructura principal incluye un dique de tierra y hormigón de 65 km de longitud, uno de los más extensos del mundo, con una altura máxima de 42 metros.
El embalse cubre unos 1.600 km², inundando áreas en ambos países. Originalmente, el diseño contemplaba 20 turbinas Kaplan de 155 MW cada una, para una capacidad total de 3.100 MW a una cota de 83 msnm.
Sin embargo, debido a disputas ambientales y financieras, la operación inicial se limitó a una cota de 76 msnm, reduciendo la potencia a cerca del 60% de lo planeado. Esta operación inadecuada hasta el 2011 afectó significativamente a las máquinas, que ya presentaban problemas de diseño, convirtiendo el mantenimiento en un aspecto fundamental y una potencial “bomba de tiempo” si no se realiza con cuidado adecuado.
Lamentablemente, Yacyretá ha carecido históricamente del flujo de caja necesario para sustentar un buen mantenimiento de sus 20 turbinas instaladas. La construcción, iniciada en 1979 con financiamiento del Banco Mundial y el BID, enfrentó retrasos por corrupción alegada, reubicaciones de poblaciones indígenas e impactos ecológicos.
En 1992 se firmó un acuerdo (nota reversal) que buscaba viabilizar la culminación de las obras, poco antes de la entrada en operación de la primera turbina en 1994. Este establecía una tarifa de 30 dólares por MWh, ajustable según indicadores definidos, y que Argentina aceptó contablemente (hoy alrededor de 50-54 USD/MWh).
Sin embargo, el Congreso paraguayo rechazó esta nota en 1995. Para Paraguay, no existe tarifa fija reconocida; los pagos se hacen “a cuenta de”, acumulando deudas de Ande y EBYSA por energía comprada.
Ande paga 23,6 USD/MWh (descontando ~7 USD por compensación de cesión de energía que Paraguay considera inaplicable). Argentina pagaba históricamente lo que quería (17-18 USD/MWh), acumulando deuda multimillonaria con su Tesoro.
El año pasado se estableció un compromiso de 28 USD/MWh por ambos países, no como tarifa nueva, sino para generar flujo de caja que permita terminar Aña Cuá y realizar mantenimientos necesarios.
Próxima nota: Producción actual, aspectos técnicos e impacto ambiental
(*) Economista, analista de La Tribuna y asesor económico del presidente de El Salvador, Nayib Bukele.