Mientras se define el inicio de obras, el Gobierno prioriza blindar legalmente el proyecto que conectará el gas argentino con Brasil. Con apoyo de la CAF, buscan atraer capital privado internacional garantizando reglas claras para la inversión. La iniciativa, que despierta interés en EE.UU. y Europa, posicionaría a Paraguay como un nexo clave en la integración energética regional.
Paraguay avanza en la consolidación del marco jurídico del gasoducto bioceánico, un proyecto energético de alcance regional que busca conectar la producción de gas natural de Argentina con el mercado brasileño, atravesando territorio paraguayo. Aunque la obra aún no tiene una fecha definida de inicio, el Gobierno considera prioritaria esta etapa preparatoria, entendida como un paso clave para garantizar la viabilidad técnica, legal y comercial de la iniciativa.
Desde el Viceministerio de Minas y Energía explicaron que el foco actual está puesto en ordenar las reglas del juego antes de avanzar hacia la construcción. El gasoducto, por su escala y complejidad, requiere un andamiaje jurídico sólido que permita el tránsito del gas entre países, defina responsabilidades y otorgue previsibilidad a los actores privados que eventualmente financiarán la obra.
Durante el último año, autoridades paraguayas mantuvieron reuniones técnicas con representantes de Argentina y Brasil, orientadas a armonizar normativas y analizar los aspectos regulatorios que podrían incidir en el desarrollo del proyecto. Estas gestiones se realizan con el acompañamiento del Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF), que apoya el proceso mediante asistencia técnica y la contratación de consultores especializados.
El diseño preliminar contempla un gasoducto de gran porte, con diámetros de tuberías que podrían oscilar entre 30 y 72 pulgadas, pensado para responder a una demanda energética creciente en la región. De acuerdo con estimaciones iniciales, una vez iniciadas las obras, el plazo de ejecución rondaría los dos años y medio, siempre sujeto a las condiciones técnicas y contractuales que se definan en esta etapa.
Uno de los puntos centrales del proyecto es su esquema de financiamiento. El gasoducto bioceánico se plantea como una iniciativa de capital privado, sustentada en contratos de compraventa de gas que permitan asegurar su rentabilidad a largo plazo. Esta lógica explica la importancia de contar previamente con un marco jurídico claro, que reduzca riesgos y genere confianza entre los potenciales inversores.
En ese contexto, el interés internacional por el proyecto fue en aumento. Además de empresas de Argentina, Brasil y Paraguay, también se registraron manifestaciones de interés de grupos económicos de Estados Unidos, Europa y Emiratos Árabes Unidos. El atractivo principal radica en el tamaño del mercado brasileño y en la posibilidad de consolidar un corredor energético eficiente en el Cono Sur.
Desde el Gobierno paraguayo destacan que el gasoducto no debe ser visto únicamente como una obra de transporte, sino como una herramienta de integración regional. Para Paraguay, históricamente dependiente de la generación hidroeléctrica, el acceso al gas natural representa una oportunidad para diversificar su matriz energética y mejorar su competitividad industrial.
El proyecto también se enmarca en una agenda más amplia de integración impulsada en el ámbito del Mercosur, donde Paraguay busca posicionarse como un actor clave en materia energética. A esto se suma el trabajo conjunto con la Organización Latinoamericana de Energía (Olade), orientado a promover una red gasífera interconectada a nivel regional.
En términos de impacto económico, las autoridades sostienen que los beneficios potenciales van más allá del sector energético. La infraestructura asociada al gasoducto podría favorecer la radicación de inversiones industriales y logísticas, especialmente en regiones como el Chaco paraguayo, donde avanzan obras estratégicas como la ruta Bioceánica.
Con este proyecto, Paraguay apunta a consolidarse como un nexo clave entre los grandes mercados energéticos de la región. La prioridad, por ahora, es cerrar la etapa jurídica y regulatoria, un proceso menos visible que la obra física, pero determinante para que el gasoducto bioceánico deje de ser una proyección y avance hacia su concreción.