Con la entrada en vigencia del Registro Unificado Nacional (RUN), Paraguay puso en marcha una reforma estructural que transforma el sistema de registro de la propiedad y los trámites vinculados a bienes registrables. La iniciativa apunta a centralizar procesos, reducir la burocracia y avanzar hacia un esquema digital que deje atrás el uso del papel en los archivos públicos.
La aplicación del Registro Unificado Nacional se formalizó tras la firma del decreto reglamentario de la Ley 7.424/2025, que dispone la fusión de la Dirección General de los Registros Públicos, el Servicio Nacional de Catastro y el Departamento de Agrimensura y Geodesia. Estas dependencias, que durante más de un siglo funcionaron de manera separada, pasan ahora a integrarse en una sola estructura técnica bajo la órbita del Poder Judicial.
El nuevo esquema busca resolver una de las principales debilidades históricas del sistema inmobiliario paraguayo: la dispersión institucional. Hasta ahora, los ciudadanos debían gestionar por separado el catastro y el registro de inmuebles, realizar pagos en distintas oficinas y afrontar trámites extensos, mayormente en formato papel. Con el RUN, estos procesos se unifican y pueden realizarse de forma simultánea, a través de una sola ventanilla.
Desde el Poder Judicial señalaron que la centralización permitirá concentrar la gestión, administración y procesamiento de todos los actos jurídicos vinculados al tráfico comercial de bienes registrables, incluyendo inmuebles, personas jurídicas y otros derechos inscribibles. La digitalización progresiva de los expedientes es uno de los ejes centrales del nuevo sistema, con el objetivo de agilizar los tiempos de respuesta y mejorar el acceso a la información.
La reforma también apunta a reducir los niveles de burocracia que, según reconocen las propias autoridades, muchas veces obstaculizaron la realización de trámites registrales o catastrales. Al eliminar duplicaciones y unificar criterios, el RUN busca aportar mayor previsibilidad y seguridad jurídica, tanto para ciudadanos como para operadores del mercado inmobiliario.
No obstante, la implementación del nuevo sistema contempla una etapa de transición. Las autoridades admiten que la integración de organismos con trayectorias y culturas operativas distintas demandará un proceso de ajuste. Por ese motivo, la normativa prevé un plazo de hasta un año para adecuar procedimientos, capacitar al personal y consolidar la operatividad plena del Registro Unificado Nacional.
Uno de los puntos más sensibles del proceso estuvo vinculado al sistema electrónico de fiscalización de tasas judiciales, que comenzó a aplicarse como plan piloto antes de la entrada en vigencia formal del RUN. Este mecanismo generó objeciones por parte del gremio de escribanos, que advirtió sobre posibles demoras en la tramitación de escrituras y cuestionó la implementación inicial del sistema.
Desde Registros Públicos explicaron que las dificultades respondieron, en gran medida, a un uso anticipado del sistema por parte de usuarios que aún no estaban familiarizados con la herramienta. Ante los reclamos, se habilitó una opción simplificada de fiscalización previa, lo que permitió destrabar el principal foco de conflicto y mejorar el diálogo con el sector notarial.
Las autoridades aseguran que el compromiso es mantener un contacto permanente con los escribanos y otros actores involucrados, a fin de corregir eventuales fallas durante la transición. El objetivo, sostienen, es que la modernización no derive en nuevas trabas, sino que efectivamente se traduzca en trámites más ágiles y confiables.
La entrada en vigencia del Registro Unificado Nacional marca así un punto de inflexión en el sistema inmobiliario paraguayo. Si bien el desafío inmediato será lograr una implementación ordenada y eficiente, el nuevo modelo se proyecta como una herramienta clave para fortalecer la seguridad jurídica, transparentar la información registral y adecuar el régimen de la propiedad a las demandas actuales del país.


