El caso del fideicomiso IPS - banco Atlas, podría derivar en graves cargos penales de los directivos de la entidad bancaria (que ya están imputados por otro caso), incluido su presidente Miguel “Miki” Zaldívar, así como duras sanciones administrativas para el banco, si la Justicia confirma las irregularidades detectadas en lo que sería uno de los mayores escándalos financieros con fondos jubilatorios en Paraguay.
El caso del fideicomiso para ampliación y construcción de cuatro hospitales, entre el Instituto de Previsión Social (IPS) y el banco Atlas SA (del Grupo AZETA, propiedad de la familia Zuccolillo) se encuentra en una fase crítica luego de revelarse irregularidades administrativas y financieras masivas en torno a la ejecución del contrato.
Principales hallazgos
Los principales hallazgos en las auditorías externa e interna incluyen, entre otras cosas:
a) Desvío de fondos: Una auditoría interna del IPS concluyó que se “dilapidaron” alrededor del 74% de unos G. 828.000 millones (aproximadamente USD 110 millones) que debían ser destinados originalmente a la construcción y ampliación de los hospitales Ingavi, Policlínica, hospital Día o Buongermini y el hospital Hemato-Oncológico.
b) Cláusulas no solicitadas: Se detectó la inclusión del punto “Otros Centros de Salud” en el contrato por parte del fiduciario (banco Atlas SA), ítem que no fue solicitado por el IPS y que permitió desviar recursos hacia el pago de salarios y gastos administrativos, dejando las obras inconclusas.
c) Falta de aval del BCP: El informe señala que el banco habría afirmado falsamente contar con la aprobación del Banco Central del Paraguay (BCP) para la proforma del contrato, documentación que no ha sido hallada.
d) Pagos no autorizados: Millonarios montos fueron pagados por obras cuyos fiscales no eran calificados.
Investigaciones en curso
El Ministerio Público mantiene una causa abierta en este caso para indagar las presuntas irregularidades en la administración de los recursos previsionales.
Asimismo, todos los antecedentes fueron remitidos a la Contraloría General de la República para su análisis y dictamen.
La previsional no descarta igualmente solicitar la intervención directa del BCP para auditar la conducta de la entidad bancaria fiduciaria en este contrato.
Consecuencias
Según las normas y leyes establecidas para la fiducia, el incumplimiento o violación de un contrato de fideicomiso conlleva graves consecuencias legales y administrativas, principalmente para el fiduciario (quien administra los bienes), en este caso el banco Atlas SA, debido al deber de lealtad y confianza que rige esta figura.
Las consecuencias jurídicas pueden ser de responsabilidad civil y patrimonial.
Indemnización por daños y perjuicios: El fiduciario puede ser obligado a pagar por las pérdidas financieras sufridas por el fideicomiso o los beneficiarios debido a su mala gestión o conducta indebida.
Restitución de ganancias: Se le puede exigir al fiduciario que devuelva cualquier beneficio personal que haya obtenido ilegalmente mediante el uso de los activos del fideicomiso.
Restauración del valor: Un tribunal puede ordenar al responsable restaurar el valor original de los activos si estos fueron mal administrados o desviados.
Destitución del fiduciario: Los beneficiarios pueden solicitar a un juez la remoción inmediata del fiduciario de su cargo por falta de probidad o incumplimiento de sus deberes.
Rendición de cuentas forzosa: Un tribunal puede obligar al administrador a presentar un informe detallado y auditado sobre el uso de los fondos, especialmente si hay sospechas de falta de transparencia.
Consecuencias penales
Defraudación y abuso de confianza: Si la conducta encuadra en actos deshonestos para beneficio propio, el fiduciario puede enfrentar cargos penales bajo figuras como la administración fraudulenta o la apropiación indebida.
Delitos patrimoniales: El uso indebido de los bienes transferidos en propiedad fiduciaria es castigado hasta con penas de prisión, dependiendo de la cuantía y el dolo demostrado.
Para proteger sus intereses, los beneficiarios pueden interponer demandas ante los tribunales competentes para demostrar la existencia de la relación fiduciaria y el daño causado en la ejecución del mismo