Banco Atlas y los USD 125 millones de los jubilados que habrían dilapidado

Unos G. 828.000 millones —más de USD 125 millones al tipo de cambio actual—, provenientes de fondos jubilatorios del Instituto de Previsión Social (IPS), habrían sido dilapidados a través del banco Atlas (del Grupo AZETA de la familia Zuccolillo) mediante un fideicomiso que debía solventar la construcción de cuatro hospitales que finalmente no se concretaron.

El IPS colocó en fiducia G. 828.000 millones (más de USD 125 millones) de los fondos jubilatorios en el banco Atlas, propiedad del Grupo AZETA de la familia Zuccolillo.

Una auditoría encomendada por la directiva actual del IPS señala que el objetivo del fondo fiduciario era, por un lado, contar con una fuente de financiamiento para realizar inversiones inmobiliarias consistentes en la construcción o refacción de hospitales en inmuebles de propiedad del IPS, en beneficio del Fondo de Enfermedad y Maternidad. Asimismo, aplicar los recursos del Fondo Común de Jubilaciones y Pensiones en inversiones rentables mediante la adquisición de los títulos del fideicomiso. El fideicomiso del IPS en el banco Atlas era exclusivamente para: 1) terminación del Hospital Ingavi, 2) construcción de la Policlínica, 3) construcción del Hospital Día y 4) construcción del Hospital Hemato-Oncológico. En virtud del plan estratégico que se pensaba implementar desde el Instituto, se evaluaron las posibles entidades financieras con las que el IPS podría llevar adelante el proyecto de ampliación de su infraestructura sanitaria. Finalmente, el Consejo de Administración decidió autorizar la Operación del Fideicomiso de Titularización, Administración y Pago “IPS-Fondo de Enfermedad y Maternidad” al banco Atlas S.A.

De acuerdo con el contrato, el IPS se comprometía a depositar en la referida entidad bancaria el total de la recaudación diaria de los aportantes, en el porcentaje que corresponde a los fondos de salud. Atlas, por su parte, emitió títulos que fueron adquiridos a la vez por el Fondo de Jubilaciones del IPS por un valor de G. 828.000 millones.

Obras inconclusas

El informe de auditoría del IPS sostiene que las obras que se debieron realizar no están; la plata, tampoco. Se han utilizado recursos del fideicomiso para cualquier otro menester, desvirtuando el objeto del mismo y violando lo establecido en el propio contrato. Se utilizaron recursos del fideicomiso para el pago de mantenimientos de edificios administrativos, pago de salarios, entre otros egresos, habiéndose diseñado la herramienta financiera exclusivamente para el financiamiento de obras de infraestructura hospitalaria.

Se realizaron pagos utilizando firmas no autorizadas en la documentación establecida dentro del contrato de fideicomiso. Se ha omitido la realización de comunicaciones relevantes en lo concerniente al listado de obras financiadas, monto de los pagos a ser ejecutados y estabilidad de los flujos monetarios. Tales comunicaciones debieron ser realizadas, según el contrato, a la Superintendencia de Bancos como autoridad controladora de la ejecución del encargo fiduciario. De los 4 hospitales a los que debieron ser destinados los fondos del fideicomiso, que figuran dentro del contrato, los primeros 3 no llegaron ni al 50% de ejecución y el último ni siquiera se hizo.

Justamente, el caso más evidente es el del Hospital Hemato-Oncológico, que, siendo supuestamente una “prioridad”, no se llegó a completar y requiere, al menos, unos G. 200.000 millones más. Un análisis de los antecedentes, autorizaciones del Consejo de Administración y documentos firmados con el banco Atlas señalan numerosas inconsistencias. Una de las más relevantes es, quizás, el hecho de incluir a “otros centros hospitalarios” como objeto de financiamiento, cuando la fiducia es muy clara en ese concepto y debe garantizar el cumplimiento estricto de los objetivos establecidos taxativamente dentro del contrato.

Denuncia

A raíz de las graves irregularidades detectadas en esta operación financiera con el banco Atlas, en febrero del 2024 las autoridades del IPS presentaron ante el Ministerio Público una denuncia formal por el incumplimiento de cláusulas del contrato, el descalce financiero y los desembolsos realizados con firmas que ni siquiera estaban autorizadas, ante un eventual millonario perjuicio al patrimonio de la institución previsional. De igual manera, fueron elevados todos los antecedentes de este caso ante la Contraloría General de la República para su evaluación.

El objetivo claro es determinar si hubo o no dolo en la operación que, así como están dadas las condiciones, se presume la complicidad, al menos por negligencia, de las autoridades de la entidad operante, en este caso el banco Atlas.

Es importante señalar, además, que el Congreso Nacional ha requerido igualmente toda la documentación sobre este caso para su análisis.