Para el 2026, Paraguay proyecta un sólido crecimiento del 4,2% al 4,5%, impulsado por su grado de inversión y estabilidad macroeconómica. Con una inflación bajo control y grandes proyectos como Paracel, el reto económico es reducir la informalidad (62,5%) y mejorar el capital humano.
Paraguay entra en el 2026 con una combinación poco común en América Latina: crecimiento por encima del promedio regional y un marco de reglas relativamente consistente. Las proyecciones para el 2026 se ubican en torno a 4,2% (Banco Central del Paraguay, BCP) y alrededor de 4,5% en estimaciones internacionales. Ese diferencial abre una oportunidad concreta: que el 2026 sea un gran año económico. Pero el “gran año” solo será socialmente positivo y sostenible si se traduce en empleo formal y productividad a escala nacional.
El primer motor es la estabilidad macroeconómica. La arquitectura institucional del BCP, definida en su ley orgánica, respalda su rol técnico y un régimen de metas de inflación cuya meta vigente es 3,5% (con intervalo de tolerancia). Esa credibilidad permitió que la inflación del 2024 cerrara en 3,8%, por debajo de la meta del 4% de ese año. Para el inversor, esto vale tanto como un incentivo: reduce la prima de riesgo, abarata el crédito y habilita decisiones de largo plazo.
El segundo motor es la disciplina fiscal y la claridad tributaria. Paraguay consolidó impuestos relativamente simples y competitivos (IRE 10% e IVA general 10%), y la Ley 6.380 modernizó el sistema tributario. Además, la Ley 5.098 de Responsabilidad Fiscal fija un tope de déficit anual de 1,5% del PIB para la Administración Central. El resultado es una deuda pública cercana a 40% del PIB, manejable para un país emergente. En el 2024 esa consistencia se tradujo en el grado de inversión otorgado por Moody’s (Baa3) y, en diciembre del 2025, en la calificación BBB- con perspectiva estable de S&P. En febrero del 2025, además, se concretó una colocación de bonos por el equivalente a USD 1.200 millones, con demanda muy superior a la oferta.
El tercer motor está en la economía real: industria, energía e infraestructura. El régimen de Maquila (tributo único del 1% sobre el valor agregado nacional) consolidó una plataforma exportadora vinculada a cadenas regionales. A esto se suma una matriz eléctrica de bajas emisiones basada en hidroelectricidad, que vuelve competitivo al país para actividades electrointensivas (desde manufactura hasta centros de datos, si se encadenan con empleo local). En el frente energético binacional, el acuerdo tarifario de Itaipú para el 2024-2026 incrementa recursos y los orienta a royalties, compensaciones e inversión social, ampliando el margen para mejorar infraestructura y capital humano. En logística, el Corredor Bioceánico y el puente Carmelo Peralta-Puerto Murtinho apuntan a reducir tiempos y costos de transporte y a reposicionar a Paraguay como nodo regional.
La inversión privada también empuja el ciclo. Paracel, el gran proyecto de celulosa, se mueve en el orden de USD 4.000-5.000 millones; y el proyecto de fertilizantes verdes en Villeta se comunica en torno a USD 630 millones con energía renovable y horizonte operativo hacia el 2028. Aunque su impacto pleno excede el 2026, el año puede capturar efectos de anticipación: empleo en construcción, demanda de servicios, capacitación y encadenamientos locales, siempre que se gestione territorio, permisos y estándares socioambientales.
Los desafíos, sin embargo, son estructurales. La pobreza monetaria fue 20,1% en el 2024, la informalidad laboral alcanzó 62,5% y la desigualdad (Gini 0,444) sigue elevada. Además, la vulnerabilidad climática puede golpear simultáneamente agricultura, hidroelectricidad y transporte fluvial, afectando divisas, empleo y recaudación. La adaptación —gestión del agua, resiliencia vial, financiamiento contingente y seguros agrícolas— es condición para sostener exportaciones, energía y estabilidad fiscal en años secos.
Y en el plano político-institucional, el mayor riesgo es erosionar la credibilidad: incumplir la regla fiscal, aumentar la discrecionalidad o debilitar la transparencia.
Por eso, para que el 2026 sea un gran año con impacto social positivo, tres prioridades deberían ordenar la agenda: (1) convertir renta energética y financiamiento en capital humano, con formación técnica e ingenieril alineada a la demanda industrial; (2) formalizar sin asfixiar, combinando simplificación e incentivos a la contratación, y (3) blindar gobernanza y calidad del gasto: transparencia, evaluación de proyectos y retorno verificable a la regla fiscal. Si Paraguay ejecuta esta agenda, el crecimiento del 2026 puede convertirse en bienestar sostenible, no solo en estadísticas.