El Senado paraguayo exigió al IPS un informe detallado en 15 días sobre el fideicomiso con el banco Atlas. La resolución 1.611 pide aclarar el cese de pago de intereses, el destino de los fondos, auditorías y posibles acciones legales o denuncias al BCP.
El Senado de la Nación formalizó un pedido de informe al Instituto de Previsión Social (IPS) para que explique, punto por punto, qué pasó con el fideicomiso administrado por el Banco Atlas. No se trata de una consulta genérica: la resolución 1.611 desglosa una batería de preguntas concretas que buscan reconstruir el estado real del negocio, los motivos del supuesto incumplimiento y las medidas que tomó —o no tomó— la previsional.
En primer lugar, la Cámara de Senadores pide al IPS que detalle la situación actual del fideicomiso del banco Atlas dentro de la institución. Es decir, que informe si el contrato sigue vigente, si se mantiene la relación con el banco como fiduciario, qué monto queda disponible y en qué condiciones están hoy esos recursos. No basta con decir que el fideicomiso existe: el Congreso quiere saber en qué estado financiero y jurídico se encuentra.
Luego, el Senado va al núcleo del conflicto; solicita que el IPS explique por qué el banco Atlas dejó de pagar los intereses a favor del instituto, a pesar de existir una obligación contractual. En palabras de la resolución, se busca conocer los “motivos por los cuales el banco Atlas dejó de pagar intereses a favor del Instituto de Previsión Social, en detrimento de la institución”. Dicho en lenguaje llano: por qué el dinero del IPS dejó de generar la rentabilidad que se había pactado y quién decidió aceptar —o tolerar— esa situación.
El tercer bloque de preguntas apunta a las reacciones del propio IPS. El Senado requiere que se informen todas las acciones administrativas, civiles y penales que se hayan adoptado para proteger los intereses de la previsional. Esto incluye sumarios internos, reclamos contractuales, demandas judiciales y eventuales denuncias ante el Ministerio Público. La idea es saber si el instituto actuó con diligencia cuando detectó el problema o si se limitó a observar pasivamente el incumplimiento del fiduciario.
La resolución también pone el foco en la figura del fiduciario. Por eso pregunta expresamente si existe algún trámite en curso para proceder a la remoción del banco Atlas como administrador del fideicomiso. La ley paraguaya permite sustituir al fiduciario cuando hay incumplimientos graves o pérdida de confianza. El Congreso quiere saber si el IPS se planteó esa opción y en qué etapa se encuentra.
Otro punto clave del pedido es la relación con el regulador financiero. El Senado exige que el IPS aclare si realizó la denuncia pertinente ante el Banco Central del Paraguay (BCP) sobre los hechos detectados. Dado que el BCP es la autoridad de supervisión de los bancos, un eventual comportamiento irregular de una entidad fiduciaria debería ser comunicado para su análisis y si corresponde, sanción. El silencio ante el regulador también podría ser interpretado como una falta de celo en la defensa del patrimonio previsional.
Además, los senadores reclaman copias de todas las auditorías realizadas sobre el fideicomiso. No solo interesa saber que hubo revisiones, sino acceder a los informes concretos: qué hallaron, qué observaciones hicieron, qué recomendaciones formularon los auditores internos o externos del IPS. Esos documentos son claves para reconstruir la trazabilidad del dinero y detectar eventuales desvíos.
Ligado a lo anterior, el pedido incluye una exigencia central para entender el caso: el IPS debe detallar el destino de los fondos administrados por el fideicomiso. Esto implica explicar en qué obras, proyectos o pagos se utilizaron los recursos, cuánto se invirtió efectivamente en infraestructura sanitaria y qué parte pudo haberse redirigido a otros fines. Sin esa información, la discusión sobre el daño patrimonial queda en el terreno de las suposiciones.
Finalmente, la resolución establece que el informe del IPS debe ser remitido en formato electrónico, lo que apunta a facilitar su distribución entre los senadores y la eventual publicidad del contenido. Y fija un plazo de quince días hábiles para la respuesta, conforme al artículo 192 de la Constitución y la Ley 5.453/2015 que regula el pedido de informes, modificada por la Ley 7.199/2024. Es decir, no se trata de una sugerencia sino de una obligación legal con fecha de vencimiento.
En conjunto, el pedido de informe al IPS no solo busca datos contables, sino también dejar asentado, por escrito y de manera oficial, qué sabía el instituto sobre el fideicomiso con Atlas, qué hizo frente a los incumplimientos y cómo se protegió —o no— el dinero de los aportantes. Las respuestas, si llegan completas y en tiempo, permitirán medir el grado de responsabilidad institucional en uno de los casos más sensibles para la seguridad social de los últimos años.
