El reciente grado de inversión obtenido por Paraguay es un hito para la economía, pero su impacto puede diluirse si no se corrige un problema estructural: la falta de pagos del Estado a las empresas constructoras. Desde la Cámara Vial Paraguaya (Cavialpa) alertan que los atrasos ya están afectando la ejecución de obras, la cadena de pagos y la estabilidad laboral de miles de trabajadores.
El reconocimiento internacional a la solidez macroeconómica del país llegó en un contexto de expectativas positivas para la inversión y el financiamiento. Sin embargo, para el sector de la construcción vial, ese logro convive con una realidad mucho menos alentadora. Las empresas que ejecutan obras públicas aseguran que arrastran una deuda significativa por trabajos ya realizados y certificados, lo que compromete seriamente su capacidad operativa.
Desde Cavialpa sostienen que la mora estatal no es un tema administrativo, sino un factor que impacta de manera directa en la economía real. La construcción vial es uno de los principales motores de empleo del país y su desaceleración tiene efectos inmediatos sobre proveedores, subcontratistas, transportistas y comercios vinculados a la actividad.
En comunicación con medios de prensa, referentes del gremio señalaron que el sector emplea de forma directa a unas 240.000 personas y que, de manera indirecta, más de un millón de paraguayos dependen del movimiento que genera la obra pública. “El grado de inversión es una gran noticia, pero pierde sentido si las empresas no pueden sostener su funcionamiento por falta de pagos”, advirtieron desde la Cámara.
La situación se volvió especialmente crítica hacia el cierre del año. Según datos del sector, en diciembre debía realizarse un desembolso cercano a los G. 300.000 millones para aliviar la deuda acumulada. Sin embargo, solo se habría abonado alrededor del 40% de ese monto, obligando a las empresas a recurrir a créditos de corto plazo para cumplir con salarios, aguinaldos y compromisos con proveedores.
Este escenario genera un doble impacto. Por un lado, encarece los costos financieros de las constructoras, que deben endeudarse para sostener operaciones. Por otro, erosiona la previsibilidad necesaria para planificar inversiones, adquirir maquinaria o mantener el ritmo de ejecución de los proyectos en marcha.
La preocupación también se extiende al presupuesto aprobado para 2026. Desde Cavialpa advierten que los recursos asignados a obras públicas no alcanzarían para cubrir los compromisos ya asumidos. Estiman que, mientras el presupuesto prevé unos USD 570 millones, las necesidades reales para sostener las obras en ejecución superan los USD 800 millones, sin contemplar nuevos proyectos.
A esto se suma una deuda acumulada que rondaría los USD 330 millones, un nivel que, según el gremio, limita cualquier intento de reactivación sostenida del sector. En ese contexto, la Cámara mantuvo reuniones con autoridades del Ejecutivo para plantear la urgencia de definir un calendario de pagos y analizar alternativas financieras que permitan evitar un freno de actividades en los primeros meses de 2026.
Más allá de las cifras, el impacto ya comienza a sentirse en el terreno. Empresas más pequeñas, subcontratistas y proveedores de insumos ven estirarse los plazos de cobro, lo que pone en riesgo la continuidad de muchos emprendimientos y la estabilidad de miles de puestos de trabajo.
Desde el sector insisten en que la obra pública no solo cumple una función de infraestructura, sino que actúa como un amortiguador económico en momentos de desaceleración. Por eso, advierten que sin pagos regulares y previsibilidad el grado de inversión corre el riesgo de convertirse en un logro simbólico, sin traducción concreta en crecimiento, empleo y desarrollo.