Las empresas viales confían en que la normalización de los pagos permitirá iniciar el año con mayor previsibilidad operativa. El sector remarca el rol de la obra pública como motor económico y su impacto directo en el empleo y la cadena productiva nacional.
La falta de desembolsos por obras ya ejecutadas vuelve a tensar la relación entre el Estado y las constructoras viales. Empresas del sector advierten que, de no regularizarse la situación, enero podría iniciar con un freno casi total de actividades, afectando empleo y obras estratégicas.
El cierre del año encuentra al sector vial paraguayo en una situación de creciente incertidumbre. Las empresas constructoras, responsables de buena parte de la infraestructura pública en ejecución, siguen aguardando pagos comprometidos por el Estado, una demora que ya comienza a tener consecuencias concretas sobre la continuidad de las obras y la estabilidad financiera de las firmas.
Desde la Cámara Vial Paraguaya (Cavialpa) advierten que la falta de desembolsos por certificados de obra ejecutada pone en jaque la posibilidad de retomar actividades con normalidad tras el receso de fin de año. El escenario más preocupante, señalan, es que a partir de los primeros días de enero se produzca una paralización parcial o total de trabajos en distintos puntos del país.
El problema no es nuevo, pero se vuelve más crítico en esta etapa del calendario. Diciembre es un mes de alta exigencia financiera para las empresas, que deben cumplir con salarios, aguinaldos, pagos a proveedores y compromisos bancarios. Sin ingresos efectivos por parte del Estado, muchas constructoras se ven obligadas a recurrir a financiamiento de corto plazo para sostener su operativa.
Según el sector, el Ministerio de Economía y Finanzas había anunciado un esquema de pagos para saldar parte de la deuda acumulada con el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones. Sin embargo, los desembolsos realizados hasta el momento resultaron insuficientes y no incluyeron los certificados mensuales correspondientes a obras en plena ejecución, lo que dejó a numerosas empresas con una brecha financiera difícil de cubrir.
Esta situación genera un efecto dominó que trasciende a las constructoras. La cadena productiva vinculada a la obra pública conformada por proveedores de materiales, transportistas, subcontratistas y servicios asociados también empieza a resentirse. En muchos casos, el retraso en los pagos se traduce en menores compras, postergación de inversiones y reducción del ritmo de trabajo.
Desde Cavialpa sostienen que la incertidumbre no solo afecta a las empresas, sino también a miles de trabajadores que dependen directamente de la continuidad de las obras viales. Una eventual paralización en enero impactaría de lleno en el empleo del sector, uno de los principales generadores de mano de obra en el país.
En paralelo, el cruce de responsabilidades entre instituciones públicas agrega ruido al escenario. Mientras desde el Ejecutivo se asegura que existen recursos previstos para cumplir con los compromisos, el sector privado cuestiona la falta de previsibilidad y la demora en la ejecución efectiva de los pagos. Para las empresas, el origen de los fondos ya sean locales o provenientes de créditos externos no debería ser un obstáculo para honrar obligaciones ya asumidas.
Especialistas advierten que la obra pública cumple un rol clave como motor de la actividad económica. Su desaceleración no solo afecta al sector de la construcción, sino que repercute en el crecimiento, el consumo y la inversión en general. En ese sentido, la falta de liquidez en las empresas viales se convierte en un problema de alcance macroeconómico.
Con enero a la vuelta de la esquina, el sector reclama señales claras. La principal demanda es la regularización de los pagos y un cronograma confiable que permita planificar la continuidad de las obras. Sin esa certidumbre, el inicio del 2026 podría encontrar a la infraestructura pública con frenos puestos y a un sector clave operando al límite de su capacidad financiera.