Con una deuda acumulada que supera los USD 300 millones y un 2026 condicionado por restricciones fiscales, el país enfrenta posibles demoras en la obra pública. Especialistas señalan riesgos de paralizaciones y necesidad de ordenar prioridades.
La discusión sobre el futuro inmediato de la obra pública pasó a ocupar un lugar central en el análisis económico. El Gobierno reconoce pagos pendientes y presiones presupuestarias, mientras empresarios y analistas plantean la posibilidad de interrupciones en proyectos estratégicos.
Las empresas contratistas manejan estimaciones de deuda entre USD 330 y 350 millones, que incluyen capital e intereses. El Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) reconoce obligaciones cercanas a USD 150 millones y no precisa una fecha para el pago total.
Según el economista César Barreto, la situación deriva de decisiones previas de financiamiento y de limitaciones presupuestarias. Sostiene que la emisión de bonos al inicio del actual Gobierno permitió cancelar deudas anteriores, pero que la disponibilidad de recursos volvió a ajustarse en el periodo siguiente.
En 2026 volverá a aplicarse plenamente la Ley de Responsabilidad Fiscal, lo que reducirá el margen para recurrir al endeudamiento destinado a la inversión pública. Este marco obliga al Gobierno a ajustar, recortar o reprogramar partidas, especialmente las correspondientes a infraestructura.
A esto se suman programas sociales como Hambre Cero y la ampliación de pensiones para adultos mayores, que podrían requerir cerca de USD 800 millones anuales sin una fuente asegurada de financiamiento. Este escenario limita la disponibilidad de recursos para mantener el nivel de ejecución de obras públicas.
Las constructoras reportan dificultades para financiar insumos, sostener empleos y cumplir cronogramas. Las entidades financieras ajustan sus líneas de crédito ante casos de morosidad. En las zonas donde se ejecutan obras, los atrasos en los pagos generan demoras y afectan la continuidad de las actividades.
El presupuesto aprobado para 2026 presenta recursos para infraestructura inferiores a los requeridos para sostener los proyectos en curso. Técnicos y gremios señalan que, sin ajustes o un plan de pagos escalonado y transparente, diversas obras podrían sufrir interrupciones desde el primer trimestre.
El ministro de Economía y Finanzas, Carlos Fernández Valdovinos, afirmó que ya existe un plan de pagos. “Esta mañana recibí 30 millones de dólares de fondos externos que ya están listos para ser pagados”, señaló, adelantando que los desembolsos se realizarán antes de fin de año.
El desarrollo de carreteras, puentes, viviendas y obras urbanas impacta en la actividad económica y en la dinámica regional. Barreto sostiene que 2026 será un año en el que el país deberá demostrar capacidad para equilibrar metas fiscales con la continuidad de proyectos de infraestructura.