La carta pastoral 2026 analiza el desempeño económico del país y advierte que, pese a la estabilidad macro, subsisten desigualdades profundas que frenan el desarrollo. Propone empleo digno, pacto fiscal y mayor inclusión productiva.
La carta pastoral sobre el “bien común”, presentada durante las festividades de la Virgen de Caacupé, incorpora un análisis económico que busca interpelar al país desde una mirada social y productiva. Si bien reconoce los avances logrados en materia de equilibrio fiscal, inflación controlada y estabilidad financiera, sostiene que estos logros no se traducen automáticamente en bienestar para todos los paraguayos.
Según el documento, el crecimiento continúa dejando fuera a amplios sectores de la población, especialmente campesinos, comunidades indígenas y trabajadores urbanos precarizados.
El texto enfatiza que los salarios han aumentado en términos numéricos, pero sin una mejora real del poder adquisitivo. La inflación y la informalidad profundizan la brecha entre los indicadores macroeconómicos y la vida cotidiana de las familias. A ello se suma la desigual distribución de la tierra, un fenómeno que, según la pastoral, mantiene brechas históricas entre el campo y la ciudad. En este escenario, la Iglesia plantea que el desafío central es transformar la estabilidad en oportunidades concretas.
Una de las propuestas más fuertes es la necesidad de reorientar el modelo económico hacia la generación de empleo digno y sostenible. La pastoral sugiere mirar más allá del PIB y avanzar hacia un esquema que priorice el trabajo formal, la seguridad social y la reducción de la pobreza extrema. Para ello, plantea dirigir los créditos y los incentivos financieros a pequeñas y medianas empresas, emprendimientos familiares y productores del interior, considerados actores indispensables para un desarrollo equilibrado.
El documento también propone un pacto fiscal que apunte a una contribución más proporcional de quienes tienen mayor capacidad económica, de modo que el Estado cuente con recursos suficientes para fortalecer servicios públicos como salud, educación y transporte. La carta afirma que un sistema tributario más justo permitiría cerrar varias de las brechas que hoy impiden que los beneficios del crecimiento económico lleguen a toda la población.
Otro aspecto señalado es la relación entre competitividad y equidad. Para la Iglesia, las grandes empresas no deben absorber espacios que pueden ocupar unidades productivas más pequeñas, ni el Estado reemplazar lo que las comunidades pueden organizar. El principio de subsidiariedad adquiere aquí un sentido práctico: promover un entorno donde todos los actores económicos puedan desarrollarse sin quedar desplazados por estructuras más concentradas.
El documento también muestra preocupación por la falta de infraestructura básica en áreas críticas para la productividad, como el transporte público. Advierte que la precariedad del sistema de movilidad resta competitividad, limita el acceso al empleo formal y deteriora la calidad de vida. Al mismo tiempo, propone medir el desempeño económico con indicadores que incluyan variables sociales y ambientales, y no solo el crecimiento del PIB.
La pastoral dedica un apartado a la transparencia, no solo como un reclamo al Estado sino también como autocrítica institucional. Plantea que la Iglesia debe adoptar prácticas económicas más abiertas, con balances auditados y gestión responsable de sus bienes. Afirma que la credibilidad en cuestiones económicas depende de la coherencia entre el discurso y la práctica, y que la sociedad demanda cada vez mayor claridad en el manejo de recursos.
Finalmente, la carta sostiene que un Paraguay más equitativo requiere reconocer a los más vulnerables como sujetos económicos y no solo como receptores de ayuda. Ese cambio de mirada permitiría integrar al país rural, a los asentamientos urbanos y a comunidades históricamente excluidas en un proyecto común. El llamado es a convertir la estabilidad macro en una economía donde todos participen y se beneficien.