Las recientes declaraciones del expresidente del Banco Central del Paraguay (BCP) José Cantero Sienra en su columna sobre la “urgencia” de un FSAP, no solo reabren un debate técnico, sino que también ponen en cuestión la imagen y el trabajo de la institución y de sus funcionarios. Frente a ello, el Sindicato de Graduados Universitarios del Banco Central considera necesario responder con firmeza y claridad.
Sostener la postura del Banco Central como institución técnica, sólida e independiente es lo correcto porque de ello depende, de forma directa, la vida cotidiana de la ciudadanía: un BCP fuerte y respetado garantiza que la inflación se mantenga bajo control, que los ahorros en bancos y billeteras electrónicas estén mejor resguardados, que las tasas de interés no se disparen por desconfianza y que el crédito para viviendas, comercios y pymes fluya con mayor estabilidad. Cuando se ataca sin fundamento al Banco Central o se intenta utilizarlo como plataforma política, no solo se daña la imagen de sus funcionarios, sino que se erosiona la confianza en el sistema financiero en su conjunto, lo que puede traducirse en menos inversión, menos empleo y más incertidumbre para la gente común. Por eso, defender la institucionalidad del BCP no es un capricho gremial: es una forma de proteger el bolsillo, el trabajo y la tranquilidad de todos los paraguayos.
En su texto, Cantero recurre a la historia de la crisis bancaria de los años noventa para advertir sobre los riesgos de no contar con una evaluación exhaustiva del sistema financiero. Sin embargo, al presentar un panorama sombrío y sugerir veladamente la existencia de debilidades no atendidas, omite un dato central: fue él quien condujo el BCP hasta hace muy poco tiempo. Si hoy ve fragilidades, resulta legítimo preguntarse por qué no las encaró con la misma vehemencia cuando tenía la responsabilidad directa de hacerlo.
El gremio rechaza que se utilice la figura del FSAP —una herramienta técnica que el propio Banco Central ha sabido aprovechar en el pasado— como excusa para instalar la idea de que el sistema financiero paraguayo se sostiene sobre bases frágiles o poco transparentes. Quien conoce por dentro la institución sabe que, lejos de la caricatura que sugiere la columna, el BCP ha fortalecido sus capacidades de supervisión, regulación y análisis de riesgos con equipos técnicos altamente calificados y un marco normativo acorde a estándares internacionales.
Las insinuaciones de que existirían “microfisuras” ignoradas o que la aplicación de la normativa sería laxa o arbitraria no solo carecen de sustento técnico público, sino que implican un agravio directo al cuerpo de funcionarios que sostiene, día a día, el funcionamiento del Banco Central. Detrás de cada informe, de cada regulación, de cada decisión de política, hay profesionales que han construido la reputación del BCP con trabajo silencioso, estabilidad y rigor.
Resulta preocupante que un extitular de la institución recurra a una narrativa alarmista sin hacerse cargo de su propia gestión. Desde la perspectiva del sindicato, ese giro discursivo no responde a un repentino descubrimiento técnico, sino más bien a un posicionamiento personal y político que instrumentaliza al Banco Central como escenario de disputa. El BCP no puede ser utilizado como trampolín mediático ni como rehén de agendas individuales.
Esto no significa negar la importancia de las evaluaciones externas ni del FSAP. Al contrario: toda herramienta que contribuya a reforzar buenas prácticas, identificar oportunidades de mejora y fortalecer la supervisión es bienvenida. Lo que se cuestiona es el modo en que se plantea el debate: insinuando incertidumbre sobre la solidez del sistema y sembrando dudas sobre la integridad de la autoridad monetaria y sus funcionarios, sin aportar evidencias concretas ni reconocer las responsabilidades propias.
Para el ciudadano común, estas discusiones no son un juego abstracto entre economistas. Cuando se erosiona la confianza en el Banco Central, se toca directamente la seguridad de los ahorros, la estabilidad del crédito, la inflación y el empleo. Por eso es tan grave que se intente debilitar la imagen de la institución desde discursos que parecen más orientados a generar impacto político que a construir soluciones.
El sindicato reafirma que la defensa del BCP no es la defensa de una persona o de un gobierno de turno, sino de una institucionalidad que le pertenece al país. Cuidar esa institucionalidad implica, sí, estar abiertos a la crítica y a las evaluaciones externas, pero también exige responsabilidad en el uso de la palabra pública, especialmente de quienes han tenido la máxima autoridad dentro de la casa.
Paraguay ya pagó un costo altísimo cuando se ignoraron diagnósticos en el pasado. Hoy el desafío es distinto: evitar que, en nombre de la prevención, se desacredite sin fundamento a la institución que justamente tiene el mandato de preservar la estabilidad financiera. La discusión sobre un nuevo FSAP debe darse en el terreno técnico, con transparencia y sin dramatismos interesados. Lo que está en juego no es la reputación de un exfuncionario, sino la confianza de toda una sociedad en su Banco Central.