El último mes cerró con ocho adjudicaciones y dos contratos que apuntan a mejorar rutas, escuelas, espacios públicos y la navegabilidad del río Paraguay. Las licitaciones buscan dinamizar corredores estratégicos, pero persisten dudas sobre la capacidad financiera estatal.
Noviembre dejó señales claras de movimiento en el sector de la obra pública. El Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) cerró el mes con ocho adjudicaciones y dos contratos firmados, una apuesta que se distribuye entre infraestructura vial, educación, obras hidráulicas, espacios recreativos y tareas de dragado. El paquete, aunque diverso, vuelve a colocar sobre la mesa el debate sobre su sostenibilidad financiera en un contexto donde las constructoras vienen alertando sobre una deuda acumulada que supera los USD 200 millones.
Una de las adjudicaciones más relevantes corresponde a la pavimentación del tramo Cruce Colonia Margarita Itakyry, en Alto Paraná. La obra, de 26,5 kilómetros, forma parte de la ruta PY21 y fue adjudicada al Consorcio Margarita por un monto cercano a los G. 99.400 millones. Para las comunidades de la zona se trata de un corredor largamente esperado, crucial para el transporte de producción agrícola y la conexión con redes viales mayores.
Otro frente importante es la puesta en marcha de trabajos en la ruta PY08, entre el Cruce 6000 en San Estanislao y Azotey. Son 151 kilómetros de mantenimiento y mejoramiento adjudicados a Tocsa SA, por un valor similar al anterior. El tramo es estratégico para el movimiento ganadero y agrícola del norte, donde la logística suele ser un condicionante permanente de la competitividad.
Dentro del corredor Central también se adjudicó la pavimentación del tramo Caacupé–Piribebuy, que suma 16 kilómetros y representa cerca de G. 19.700 millones en inversión. Aunque de menor extensión, esta ruta tiene una fuerte incidencia urbana y turística, especialmente en fines de semana y feriados religiosos.
El mes también estuvo marcado por la activación del denominado Plan Central 3, que distribuye cinco lotes de obras en Lambaré, Itauguá, Ypacaraí, Luque y la zona de Nueva Asunción. Se trata de intervenciones múltiples, desde pavimentos hasta mejoras estructurales, pensadas para descongestionar flujos, ordenar áreas urbanas y mejorar la calidad de vida de barrios con alto crecimiento demográfico.
Más allá del asfalto, noviembre dejó adjudicaciones vinculadas al desarrollo social. Una de ellas es la construcción y mantenimiento de 17 instituciones educativas, un punto que suele ser olvidado en los grandes anuncios, pero que impacta directamente en las condiciones de aprendizaje de miles de estudiantes. La infraestructura escolar continúa siendo una deuda histórica, y la inclusión de este lote indica un esfuerzo por equilibrar el tipo de obras ejecutadas.
También se destaca la protección de los márgenes del arroyo Paso Carreta, cuya erosión progresiva representa un riesgo creciente para viviendas y calles de su entorno. La obra hidráulica pretende frenar el avance de las aguas y disminuir las inundaciones recurrentes, un problema que afecta a varios sectores urbanos del país.
En Villa Hayes se proyecta la construcción del Parque Costero, un espacio recreativo con senderos, ciclovías, áreas deportivas y restauración del Monumento a “Aceval”. La obra apunta a recuperar un sector ribereño con potencial turístico, pero actualmente poco aprovechado.
Finalmente, se firmaron contratos para el dragado de mantenimiento del río Paraguay, una tarea clave para garantizar la navegabilidad en un año donde las variaciones del nivel del río afectaron la logística fluvial. El mantenimiento, dividido en tres lotes, permitirá sostener el tránsito de embarcaciones que transportan gran parte de la producción nacional.
Sin embargo, el escenario no está libre de tensiones. Desde el sector privado se advierte que la continuidad de estas obras dependerá del cumplimiento financiero del Estado. La deuda acumulada ya condiciona el acceso a créditos, el pago de salarios y la planificación de nuevas inversiones. A esto se suma la preocupación por el Presupuesto 2026, que podría resultar insuficiente para sostener el ritmo anunciado.
Las adjudicaciones de noviembre representan un paso hacia adelante, pero el desafío será transformar las resoluciones en obras concluidas y beneficios tangibles para los ciudadanos. Las próximas semanas marcarán si el impulso se sostiene o queda frenado por la falta de recursos.