El mercado de capitales paraguayo atraviesa un punto de inflexión. La aprobación de la Ley N.° 7.572/2025, que moderniza la arquitectura regulatoria del sector, reconfigura las reglas del juego para los emisores, intermediarios e inversionistas. Más que una actualización técnica, se trata de un ajuste de fondo en la forma en que el sistema financiero se supervisa y se relaciona con quienes ponen su dinero en riesgo.
En un encuentro organizado por Ferrere Abogados, el superintendente de Valores, Rodrigo Ruiz, explicó los alcances de la nueva normativa. Lo primero que subrayó es lo que la ley busca resolver: un marco disperso construido a partir de parches y resoluciones que no siempre dialogaban entre sí. Con la nueva estructura, el mercado pasa a operar bajo principios unificados de transparencia, eficiencia y protección al inversionista.
La esencia de la ley descansa sobre tres pilares
El primero es blindar al inversionista, especialmente al pequeño ahorrista, que a menudo participa en condiciones de asimetría informativa. El segundo apunta a promover un mercado más ágil, competitivo y ordenado, capaz de acompañar la expansión económica del país. El tercero marca una transición hacia un modelo de supervisión basado en riesgos, un enfoque que obliga a anticipar posibles vulnerabilidades antes de que se conviertan en crisis.
Esta supervisión por riesgo no se limita a revisar documentos o procedimientos, sino que exige mirar la solidez de los actores, la liquidez de los productos, la robustez operativa de las plataformas y, cada vez más, la incorporación de nuevas tecnologías, como la cadena de bloques o la tokenización de activos. Para Ruiz, cuando existe captación de recursos del público y expectativa de rendimiento, el Estado debe intervenir para garantizar que las condiciones de transparencia estén aseguradas.
Otro aspecto central es la apertura a nuevos productos financieros. La ley crea el marco para habilitar fondos privados, esquemas de financiamiento colectivo, emisiones digitales y otros instrumentos demandados por inversionistas más sofisticados. Si bien estas herramientas operarán bajo reglamentos específicos que se pondrán en marcha en 2026, la norma ya deja claro el rumbo; Paraguay se prepara para competir en un mercado donde la innovación avanza más rápido que la regulación.
Sin embargo, el desafío no será menor. La industria deberá adaptarse a mayores exigencias en la presentación de información, gestión de riesgos y estructura operativa. Para los emisores, esto implicará elevar sus estándares. Para los intermediarios, profesionalizar más sus procesos. Mientras que para los inversionistas, comprender que detrás de nuevos productos habrá también nuevas responsabilidades.
En el plano macro, la reforma llega en un momento en el que Paraguay necesita canales más profundos para movilizar ahorro hacia inversiones productivas. Si bien el mercado bursátil local ha crecido en la última década, sigue siendo pequeño en comparación con países vecinos. Una mayor amplitud de instrumentos puede ayudar a canalizar inversiones que hoy se dispersan en otros sectores o incluso en economías extranjeras.
Ruiz insistió en que el objetivo final es generar confianza. “Sin un marco sólido, ningún mercado crece”. Con una estructura moderna, las posibilidades se amplían, con más emisores, más participantes, más opciones de financiamiento y un ecosistema que puede transformarse en motor del desarrollo económico.
En síntesis, la Ley N.º 7.572/2025 representa un giro necesario. Da previsibilidad, ordena reglas, incorpora innovación y coloca al inversionista en el centro. El siguiente paso será su implementación efectiva y allí, como siempre, la credibilidad no se construirá con discursos, sino con cumplimiento.