El pasado lunes, el Gobierno de Brasil entregó a nuestro país el dossier confidencial sobre el caso de espionaje sobre autoridades vinculadas al proceso del “Anexo C” de Itaipú, lo que posibilitó destrabar los inconvenientes entre ambos países para seguir con las negociaciones desde la primera quincena de diciembre.
En comunicación con el especialista en energías, el doctor Victrio Oxilia mencionó que Itaipú es un proyecto diseñado para aprovechar el recurso natural que afecta a los dos países socios de la región para generar energía, para el desarrollo de las naciones.
“El fin principal de la binacional es el desarrollo de Paraguay, así como del Brasil. Con base en ese concepto del primer ‘Anexo C’ que está vigente, se reconoció en la composición del costo del servicio la remuneración a los países a través de los royalties, que remunera el uso del recurso natural y un reconocimiento a las empresas que integran el capital de Itaipú, con las utilidades y resarcimientos. Incluyendo los gastos de explotación y el pago de la deuda, tanto en capital así como los intereses”, explicó el experto.
El “Anexo C” establece las bases financieras y de prestación de los servicios de electricidad de Itaipú. Bajo ese sentido, el profesional refiere que la composición de la tarifa no debería ser diferente, ya que reconoce a los países por el uso de los recursos naturales, así como a las empresas socias “en términos de integrantes y participantes del capital inicial de Itaipú y que reconozca también al consumidor, que es el que finalmente pagó la cuenta”, enfatizó.
De la misma forma, ratificó su postura sobre la estructura original del “Anexo C”, que para él no debería de cambiar de gran manera, ya que además de las negocios y finanzas, también se destacan los gastos de compromisos sociales así como ambientales, que tiene la binacional con la población y el ambiente.
“En ese nuevo costo del servicio de electricidad, lo que quedaría ahora es definir cómo se hará la distribución de manera práctica, lo que correspondería a los países, empresas y gastos de explotación a nivel histórico que estuvieron entre los USD 750 millones, que hoy día es mucho más, lo que responde a otras situaciones”, acotó el especialista.
Añadió que lo que se debería de pensar es cómo incrementar los royalties y la participación que le corresponde a las empresas. En el caso de Paraguay existe un beneficio adicional que es la compensación por cesión de energía, que hoy día está en un poquito más de USD 12 por megavatio/hora.
Oxilia refiere que todos estos puntos podrían ponerse sobre la mesa para analizar el incremento razonable de los mismos, que beneficie a los dos países y que en el caso de la concesión de energía beneficie un poco más a Paraguay.
Al mismo tiempo, habló sobre una reivindicación antigua que permita que nuestro país pueda comercializar esa energía excedente, que al mismo tiempo podría ser comercializada en Brasil, contemplando los precios así como los gastos que podrían generarse.
Para el profesional, en esta revisión del “Anexo C” existen aspectos que deberían ser analizados, como proyectos estratégicos de generación de paneles fotovoltaicos, así como el intercambio de energía; es decir, el comprar energía eléctrica de Brasil. Gestiones que benefician a ambos países, pero que deben ser pensadas meticulosamente.
“Las condiciones de contrato que la ANDE tiene hoy en día en Itaipú son muy favorables, son acuerdos que aún están vigentes hasta el 2026, pero que se tendría que ver la manera de mantener para que el impacto del retiro del beneficio no resulte de manera negativa para el ente estatal eléctrico. El famoso pacto operativo debería mantenerse por unos años más”, puntualizó.
Terminó diciendo que la iniciativa de parar las negociaciones le pareció preciso, ya que se estaba hablando de un espionaje y para ningún país es justo ser sujeto de una situación así, pero que al mismo tiempo afectó bastante a Paraguay para las negociaciones del “Anexo C”, pero ahora, al resolver la paralización que se sufrió, vuelve a existir un tiempo prudente para las negociaciones.
Teniendo en cuenta que así como están las cosas, para el 1 de enero del 2027 pasa a valer el documento, como se encuentra en este momento. “Esto significa una baja de la tarifa y un congelamiento de la situación de los beneficios, como royalties, utilidades y compensaciones de energía”.
Asimismo, recalcó que es saludable y que corresponde que todos los paraguayos sepan cuáles son los objetivos que se están persiguiendo con respeto a los beneficios que busca adquirir nuestro país.
“Es importante que esto se maneje y se comunique bien, pero hay cuestiones obvias que no es necesario que la población sepa, hablando de las estrategias y situaciones que puedan llevar una mayor confidencialidad, por lo menos antes de llegar a un resultado”, finalizó.