La foto fiscal vuelve a mostrar un problema que Paraguay arrastra desde hace décadas, la estructura del gasto está tan comprometida con los sueldos de la administración pública que apenas queda margen para impulsar inversión o sostener programas sociales sin recurrir al endeudamiento. Entre enero y octubre de este año, el 52% de los ingresos tributarios fue absorbido por los servicios personales, según el último informe del Ministerio de Economía y Finanzas.
El número no sorprende, pero inquieta. En los primeros diez meses, el Estado destinó G. 19,13 billones a remuneraciones, lo que equivale a unos USD 2.528 millones, cifra que supera con holgura la proporción que países de la región dedican a este rubro. Lo más llamativo es que la masa salarial creció 9,7% en comparación al año pasado, casi el doble de la variación del gasto total, que aumentó 4,7%. Cuando los sueldos suben más rápido que todo lo demás, la rigidez se vuelve estructural.
La situación se vuelve aún más compleja al analizar la procedencia de esos recursos. La mayor carga recae sobre la “Fuente 10” de los ingresos del Tesoro, donde los servicios personales treparon 9,9%, pasando de G. 16,9 billones a G. 18,58 billones; es decir, el propio corazón de la recaudación impositiva se destina casi enteramente a sostener la planilla estatal, dejando al resto de las necesidades del país en un segundo plano.
Los sectores que más demandan recursos son Educación 36%, Salud 20% y las Fuerzas Públicas 24%, que se llevan ocho de cada diez guaraníes del gasto salarial de la Administración Central. Si bien maestros, médicos y agentes de seguridad representan pilares del servicio público, la concentración de recursos en estos tres frentes reduce el dinamismo en otras áreas igualmente críticas, como infraestructura, tecnología, innovación o programas de protección social.
Mientras tanto, la llamada “deuda flotante”, que son los compromisos impagos heredados del ejercicio anterior, sigue representando una mochila pesada, el saldo asciende a G. 2,37 billones, de los cuales G. 1,83 billones deberán cancelarse con impuestos. El retraso en pagos ya golpea a constructoras, proveedores de alimentos escolares y empresas farmacéuticas, generando un efecto dominó sobre el sector privado.
A esto se suma un déficit fiscal acumulado del 1,1% del PIB, que el Gobierno espera cerrar dentro de la meta del 1,9%. Si bien los números parecen manejables sobre el papel, el trasfondo es menos alentador, ya que el déficit se contiene no porque el gasto se ordene, sino porque se sacrifica inversión y se postergan pagos.
El desafío político y técnico es revertir la tendencia sin desmantelar servicios esenciales, teniendo en cuenta que no se trata de reducir maestros o médicos, sino que de discutir seriamente la eficiencia del gasto, revisar duplicaciones, modernizar procesos y planificar ingresos permanentes que respalden las obligaciones del Estado sin asfixiar la inversión.
Mientras tanto, la economía paraguaya sigue operando con un presupuesto que funciona como un corsé rígido, estrecho y cada vez más difícil de ajustar, y, como muestran los números, más de la mitad de ese corsé está hecho de salarios. La pregunta es ¿cuánto tiempo más podrá sostenerse un modelo que consume impuestos sin dejar espacio suficiente para crecer?