Instituciones agroindustriales de Paraguay, Argentina y Brasil unieron sus voces para rechazar el Reglamento Europeo 2023/1115 sobre productos libres de deforestación. Consideran que la norma impone condiciones extraterritoriales que amenazan la competitividad del bloque sudamericano.
La discusión sobre sostenibilidad ambiental y comercio internacional vuelve a enfrentar a Sudamérica y Europa. Las principales entidades del sector agroindustrial de Paraguay, Argentina y Brasil manifestaron su rechazo conjunto al Reglamento (UE) 2023/1115, conocido como EUDR, que establece restricciones a la importación de productos asociados con la deforestación. La medida, impulsada por la Unión Europea, impone a los países exportadores la obligación de demostrar que sus cadenas de valor son “libres de deforestación”, bajo estándares definidos unilateralmente por Bruselas.
Espacio Parlamentario Agroindustrial Sudamericano
El pronunciamiento fue presentado en el marco del Espacio Parlamentario Agroindustrial Sudamericano (EPAS), una plataforma regional que reúne a legisladores y gremios del agro de siete países. Según la Unión de Gremios de la Producción (UGP), esta acción representa un hito en la articulación regional frente a políticas externas que desconocen las realidades productivas del continente. “El reglamento europeo se elaboró sin diálogo con los países afectados y contradice los principios básicos del comercio internacional”, expresó Héctor Cristaldo, presidente de la UGP.
Las organizaciones firmantes —entre ellas la Fundación Barbechando (Argentina), el Instituto Pensar Agropecuária (Brasil) y la UGP (Paraguay)— sostienen que el EUDR es una norma extraterritorial, unilateral e incompatible con el derecho internacional. También denuncian que convierte las políticas ambientales en barreras comerciales encubiertas, con altos costos administrativos y financieros para productores rurales y pequeñas empresas.
Otro punto de conflicto es la clasificación de “riesgo estándar” que la Unión Europea aplicó a varios países sudamericanos, sin reconocer los avances logrados en legislación forestal, trazabilidad y sostenibilidad productiva. Para los gremios, se trata de una categorización arbitraria y sin sustento técnico que podría marginar a los exportadores regionales de mercados estratégicos.
Rechazo a la Ley 15.122/2025
Cada país participante del EPAS aportó argumentos técnicos para respaldar la postura común. Argentina reiteró su rechazo al EUDR tanto desde el Ejecutivo como desde el Congreso, señalando que el país cuenta con sólidos sistemas de trazabilidad. Propuso, como alternativa, la implementación de modelos de trazabilidad documental auditada, que garanticen la transparencia sin recurrir a sanciones unilaterales.
Brasil, por su parte, destacó la aprobación de la Ley 15.122/2025, que protege la soberanía del país frente a medidas internacionales que afecten su competitividad agroexportadora. El Instituto Pensar Agropecuária (IPA) denunció que el reglamento europeo “desconoce los avances logrados en materia ambiental y genera incertidumbre comercial”.
En tanto, Paraguay, representado por la UGP, calificó la normativa como discriminatoria y contraria a los acuerdos multilaterales de comercio. Según Cristaldo, “la Unión Europea ignora la legislación forestal vigente en nuestro país y genera inseguridad jurídica al imponer condiciones externas sobre nuestras políticas productivas”.
La creación del EPAS busca fortalecer la integración regional y consolidar una voz unificada del agro sudamericano en defensa de la soberanía productiva. La plataforma, que integra a representantes de Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Paraguay, Perú y Uruguay, aspira a promover un diálogo global basado en la cooperación y el respeto mutuo.
“Sudamérica no se opone a la sostenibilidad, pero exige que las reglas sean justas y adaptadas a su realidad territorial”, remarcaron los gremios en su comunicado.
La respuesta del bloque sudamericano refleja una convicción compartida: la transición ecológica debe construirse en conjunto, sin imponer visiones que distorsionen la competitividad y el desarrollo rural. El agro regional, sostienen, está dispuesto a ser parte activa del cambio climático global, pero desde el reconocimiento de sus propias normas, capacidades y desafíos.