La revisión de tarifas eléctricas fue pospuesta para el próximo año mientras se ajustan los estudios técnicos. El aplazamiento busca definir un esquema que asegure la sostenibilidad del sistema sin afectar a los hogares de menores ingresos.
El reajuste de tarifas eléctricas que venía siendo evaluado por la Administración Nacional de Electricidad (Ande) finalmente fue postergado para el año que viene. La decisión del Gobierno apunta a dar más tiempo para afinar la metodología de actualización, mientras la empresa estatal continúa enfrentando un desfasaje entre sus costos operativos y las tarifas vigentes.
El anuncio se da en medio de una discusión sobre la sostenibilidad del sistema eléctrico nacional. El ministro de Economía y Finanzas, Carlos Fernández Valdovinos, ya había adelantado que el Ejecutivo pretende establecer un mecanismo de ajuste “casi automático” que garantice la previsibilidad financiera de la Ande. Sin embargo, el proceso quedó suspendido hasta el 2026 para evaluar su impacto económico y social.
Francisco Escudero, director de Planificación y Estudios de la Ande, confirmó para La Tribuna que “no se aplicará ningún reajuste este año” y que el estudio será retomado en los primeros meses del próximo. “El Gobierno decidió posponer la revisión tarifaria para el 2026, pero la Ande sigue trabajando en la actualización de los estudios técnicos”, indicó.
Explicó que el proceso forma parte de un compromiso asumido por el Estado paraguayo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) para transparentar los mecanismos de determinación de tarifas de las empresas públicas. “Se busca establecer metodologías claras y públicas, que den previsibilidad tanto a los consumidores como a la empresa”, precisó.
El directivo aclaró además que los márgenes de variación de la tarifa publicados por otros medios no representan una propuesta oficial. “Fue solo una simulación entre muchos escenarios analizados. En ningún caso se prevé un aumento del 200% ni algo similar. Ese escenario no tiene posibilidad de ser aprobado”, afirmó.
Según Escudero, una de las alternativas más firmes que se maneja es la aplicación de un esquema de subsidio cruzado, en el cual los usuarios de mayor consumo aportarían una proporción mayor para aliviar la carga de los hogares de bajos ingresos. “No se puede impactar a todos por igual. Un trabajador que gana un salario mínimo no puede asumir el mismo porcentaje de ajuste que un consumidor de alto poder adquisitivo”, explicó.
El principio de equidad también se aplicaría al sector productivo. “El Gobierno y la Ande buscan que el impacto al sector empresarial e industrial sea mínimo, porque son los que generan empleo. La intención es corregir distorsiones sin afectar la competitividad”, señaló.
El presidente de la Ande, Félix Sosa, había anticipado días atrás que la tarifa actual “no cubre los costos reales” y que la empresa viene operando con rentabilidad negativa. “Históricamente la Ande tuvo una tarifa política, no técnica. Si queremos garantizar el suministro eléctrico y mantener la inversión, debemos actualizar la estructura tarifaria”, sostuvo.
En los últimos años, la estatal invirtió alrededor de USD 600 millones anuales en obras de transmisión y distribución, pero los ingresos resultan insuficientes para sostener el ritmo de expansión. En comparación, hasta el 2008 las inversiones no superaban los USD 50 millones al año.
“Hoy tenemos una red más compleja y una demanda creciente. Si queremos mantener un servicio confiable, necesitamos una política tarifaria que acompañe ese crecimiento”, añadió Sosa.
Pese a las presiones financieras, Paraguay sigue teniendo una de las tarifas eléctricas más bajas de Sudamérica. “Incluso con un ajuste, seguiríamos muy por debajo del promedio regional. Nuestra tarifa es 25% menor que la de Uruguay y más baja que la de Brasil o Argentina”, recordó el titular de la Ande.
El debate, sin embargo, trasciende la cuestión técnica. La postergación del reajuste abre un margen político para que el Gobierno y la empresa construyan consensos sobre cómo equilibrar la sostenibilidad del sistema con la protección social.
“La revisión se hará, pero de forma gradual y responsable”, subrayó Escudero. Hasta entonces, la Ande seguirá operando bajo el desafío de mantener su servicio en números rojos, mientras busca una fórmula que reparta el costo del ajuste sin castigar a los que menos tienen.