En 2025, la inversión pública en Paraguay creció un 84,3% respecto al año anterior, según datos del Ministerio de Economía y Finanzas. Sin embargo, su eficiencia sigue siendo un desafío crítico.
El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) estima que cada dólar invertido en infraestructura pública en Paraguay genera solo 0,5 dólares de retorno económico en dos años, muy por debajo del promedio regional de 1,1 dólares y de países como Chile (2,7) o Perú (2,0). Este bajo retorno se debe a retrasos en proyectos emblemáticos, como rutas nacionales y hospitales, así como a una planificación deficiente que desvía recursos hacia fines poco productivos.
La inversión pública, que en 2024 representó solo el 2,05% del PIB (frente al 4,75% del promedio regional), refleja una brecha significativa en infraestructura. Según el BID, Paraguay necesita invertir un 8% del PIB anual hasta 2030 para cumplir con los Objetivos de Desarrollo Sostenible, lo que equivale a unos 22.500 millones de dólares.
Sin embargo, el gasto corriente, que consume el 85% del presupuesto, limita severamente el margen para financiar estas inversiones, forzando al país a recurrir a deuda externa. En el primer trimestre de 2025, la deuda pública alcanzó el 41,2% del PIB.
Menos Estado, más mercado, el Estado debe limitar su intervención al mínimo indispensable, priorizando la eficiencia y cediendo protagonismo al sector privado. La inversión pública, cuando es necesaria, debe estar sujeta a un escrutinio riguroso para garantizar retornos tangibles. Los países con mayor eficiencia en la inversión pública logran no solo mejores resultados económicos, sino también una menor dependencia de la deuda externa.
Los proyectos públicos a menudo carecen de estudios de viabilidad técnica y económica exhaustivos. Por ejemplo, el BID señala que la ausencia de procesos plurianuales de presupuestación y la limitada capacidad de evaluación de proyectos son cuellos de botella clave. Esto lleva a sobrecostos y retrasos, como se observa en proyectos de infraestructura vial y hospitalaria y si sumamos las rigideces presupuestarias en donde el gasto corriente, especialmente en salarios (40% del presupuesto de la Administración Central frente al 29% del promedio regional), limita el espacio fiscal para la inversión pública. Esto reduce la capacidad del Estado para financiar proyectos de alto impacto sin recurrir a deuda externa.
Para dar solución a esto propongo dos ejes centrales con el objetivo de abordar estas ineficiencias y reducir el déficit fiscal. La primera es Asociaciones Público-Privadas (APP) ya que las APP, promovidas por BID Invest, son un modelo efectivo para mejorar la eficiencia.
En 2024, BID Invest aprobó 10.000 millones de dólares en proyectos en América Latina, movilizando 5.300 millones de recursos privados. En Paraguay, las APP pueden introducir incentivos de mercado, fomentar la innovación y garantizar la ejecución oportuna de proyectos de infraestructura. Por ejemplo, la modernización o el nuevo aeropuerto de Asunción podría beneficiarse de este modelo, reduciendo la carga fiscal y mejorando los retornos económicos.
La segunda es Reforma fiscal y la desregulación para reducir la dependencia de la deuda externa, el gobierno debe priorizar la generación de ingresos internos mediante una base impositiva eficiente y esto implica reducir la informalidad (que supera el 60% de la economía) y eliminar trabas burocráticas para fomentar la inversión privada. El Banco Mundial subraya que el crecimiento económico sostenible, impulsado por el sector privado, es la vía más efectiva para combatir la pobreza y reducir la necesidad de inversión pública excesiva.
La comparativa regional podemos aprender de las lecciones de eficiencia comparando con países como Chile y Perú, Paraguay muestra una notable desventaja en la eficiencia de la inversión pública. Chile, con un retorno de 2,7 dólares por cada dólar invertido, mantiene el gasto corriente por debajo del 70% y destina más del 20% de su presupuesto a inversión pública.
Perú, por su parte, ha implementado reglas fiscales que protegen la inversión de capital, como el requisito fiscal de doble condición, que limita el crecimiento del gasto corriente. Estas prácticas han permitido a ambos países reducir su deuda pública (Perú del 47% al 23% del PIB entre 2003 y 2015) y mejorar su resiliencia frente a shocks externos.
En contraste, Paraguay enfrenta una presión tributaria baja (la más baja del Mercosur, frente al 22% de Brasil o el 18% de Uruguay), lo que limita su capacidad para financiar gasto público sin recurrir a deuda. La falta de un organismo fiscal independiente y el débil cumplimiento de la Ley de Responsabilidad Fiscal de 2013 agravan esta situación.
Para transitar hacia un modelo sostenible la inversión pública paraguaya aunque esencial para el desarrollo, debe transformarse para dejar de ser una fuente de ineficiencia y deuda. Desde mi punto de vista, el Estado debe actuar como facilitador, no como protagonista, cediendo espacio al sector privado y priorizando la eficiencia en cada dólar invertido. La implementación de APP, el uso de tecnologías para garantizar transparencia y una reforma fiscal que incentive la actividad económica son pasos cruciales para reducir el déficit fiscal y acercarlo al objetivo de 1,5% del PIB, como establece la Ley de Responsabilidad Fiscal. Solo a través de un compromiso con la disciplina fiscal, la transparencia y los principios del libre mercado, vamos como país poder construir una economía próspera que maximice el bienestar.