En esta sexta entrega de la serie de 12 artículos donde, con el título: “Los orígenes del desequilibro fiscal en Paraguay; una perspectiva técnica y comparativa”, exploro en profundidad el déficit fiscal en nuestro país, vamos a hablar del peso de los gastos rígidos, abordando el gasto corriente, que consumía el 54,1% de los ingresos tributarios en 2025, era como una cadena que ataba al país. Salarios públicos, medicamentos y programas sociales como Tekoporã dominaban el presupuesto, dejando poco margen para inversión.
El Banco Mundial señaló que el 30% de este gasto era ineficiente, con proyectos redundantes y compras públicas mal gestionadas. Redirigir estos recursos hacia educación e infraestructura productiva se convirtió en una prioridad, pero requería voluntad política.
En el contexto económico de nuestro país, los gastos rígidos representan un desafío estructural que limita el potencial de crecimiento y desarrollo del país. Estos gastos, también conocidos como gastos corrientes inelásticos, incluyen partidas presupuestarias que no pueden reducirse fácilmente en el corto plazo, como salarios del sector público, transferencias sociales, medicamentos y otros rubros operativos.
En 2025, el gasto corriente consumía el 54,1% de los ingresos tributarios, configurándose como una cadena que ataba al país a un modelo fiscal conservador y poco dinámico. Esta situación no solo restringe la inversión en áreas productivas como educación e infraestructura, sino que también expone vulnerabilidades ante shocks externos, como fluctuaciones en los precios de commodities o crisis globales.
Para entender el peso de estos gastos rígidos, es esencial contextualizar nuestro presupuesto en donde nuestro país, con una economía dependiente de la agricultura y las exportaciones (principalmente soja y carne), ha experimentado un crecimiento importante en los últimos años, sin embargo, el presupuesto general de la nación para 2025, aprobado por el Congreso, asciende a aproximadamente 17.600 millones de dólares, de los cuales una porción significativa se destina a gastos corrientes.
Los ingresos tributarios, que provienen principalmente del IVA, el impuesto a la renta y contribuciones aduaneras el 54% se absorbe por el gasto corriente, dejando solo un margen estrecho para inversión de capital, que apenas supera el 20% del total presupuestario.
Los componentes principales de estos gastos rígidos son los salarios públicos, que representan cerca del 40% del gasto corriente. Paraguay cuenta con más de 300.000 empleados públicos, distribuidos en ministerios, municipios y entidades autónomas. El ajuste salarial anual, influido por presiones sindicales y elecciones políticas, ha incrementado esta partida en un 8% anual en promedio durante la última década.
Programas sociales como Tekoporã, un pilar de la política de inclusión social, consumen otro 15% del gasto corriente. Lanzado en 2005, Tekoporã beneficia a unas 200.000 familias vulnerables con transferencias condicionadas por asistencia escolar y controles de salud, costando alrededor de 500 millones de dólares al año.
Si bien es esencial para reducir la pobreza (que afecta al 18% de la población), su expansión sin evaluaciones de impacto ha generado duplicidades con otros programas como el Plan Nacional de Desarrollo Humano. Además, los medicamentos y suministros para el sistema de salud pública, que cubre al 70% de la población a través del IPS y el Ministerio de Salud, representan otro 10%, agravado por compras centralizadas ineficientes.
El Banco Mundial, en su informe anual sobre finanzas públicas en América Latina de 2024 (con proyecciones para 2025), ha señalado que el 30% de los gastos corrientes en Paraguay es ineficiente. Esta ineficiencia se manifiesta en proyectos redundantes, como la superposición de iniciativas de capacitación laboral entre el Ministerio de Trabajo y el Servicio Nacional de Calidad y Educación Vocacional, que duplican esfuerzos y recursos.
Las compras públicas, gestionadas a través del sistema de contrataciones DNCP, han sido criticadas lo que genera un desperdicio estimado en 1.000 millones de dólares anuales. Un ejemplo emblemático es la adquisición de vehículos y equipos para entidades estatales, donde se detectaron sobreprecios del 15-25% en informes de la Contraloría General de la República.
Esta rigidez presupuestaria no solo limita la flexibilidad fiscal, sino que también aumenta la deuda pública. La consecuencia más evidente de este desbalance es la escasa inversión en sectores productivos. En 2025, el presupuesto para educación apenas alcanza el 4% del PIB, por debajo del promedio regional del 5,5% recomendado por la UNESCO.
Esto se traduce en aulas hacinadas, con una ratio profesor-alumno de 25:1 en escuelas públicas, y una deserción del 20% en secundaria. La infraestructura, clave para la competitividad paraguaya en el Mercosur, recibe solo el 2% del PIB, insuficiente para modernizar rutas como la Ruta 9 o puertos en el río Paraguay.
En contraste, países vecinos como Brasil invierten el 3,5% del PIB en infraestructura, lo que les permite un crecimiento más sostenido. En Paraguay, esta priorización invertida perpetúa un ciclo crecimiento con tasas anuales del 3 a 5% anual, que si bien es bueno no es suficiente para duplicar nuestra economía en 10 años.
Para abordar el desafío estructural propongo un conjunto de reformas orientadas a la consolidación fiscal, la optimización de recursos y la reorientación hacia un modelo de crecimiento impulsado por la inversión privada y la productividad.
En primer lugar, es imperativo racionalizar la masa salarial del sector público, que representa una porción muy elevada del gasto corriente y abarca a más de 300.000 empleados del sector estatal.
Esto implica implementar un sistema de evaluación de desempeño basado en métricas objetivas, como productividad por empleado y resultados por institución, para identificar redundancias y ejecutar un programa de jubilaciones anticipadas incentivadas, con un objetivo de reducción del 15% en la nómina estatal en tres años, lo que liberaría aproximadamente 600 millones de dólares anuales (calculado sobre un gasto salarial de 4.000 millones de dólares).
En segundo lugar, la gestión de compras públicas debe transformarse mediante la adopción de una plataforma electrónica de contrataciones con estándares internacionales, como los del Banco Interamericano de Desarrollo, para minimizar sobreprecios (estimados en 15-25% por la Contraloría) y ahorrar al menos 300 millones de dólares anuales, según proyecciones basadas en auditorías de la DNCP.
Tercero, programas sociales como Tekoporã, que benefician a 200.000 familias con un costo de 500 millones de dólares, deben someterse a una auditoría actuarial para eliminar duplicidades con otras transferencias, optimizando su focalización mediante un registro unificado de beneficiarios y priorizando condicionalidades vinculadas a resultados educativos y sanitarios verificables.
Estos ahorros permitirían reasignar recursos hacia educación, incrementando su presupuesto del 4,5% al 5,5% del PIB (unos 500 millones de dólares adicionales) para reducir la ratio profesor-alumno de 25:1 a 20:1 y bajar la deserción secundaria del 20% al 15% en cinco años.
Asimismo, la inversión en infraestructura debe aumentar del 2% al 3% del PIB (300 millones de dólares más), priorizando proyectos de alto retorno financiados parcialmente mediante asociaciones público-privadas (APP) que reduzcan la carga fiscal. Finalmente, para institucionalizar estas reformas, se debe mejorar la Ley de Responsabilidad Fiscal que limite el crecimiento del gasto corriente al 1% anual, por debajo del crecimiento proyectado del PIB (3-4%), con sanciones severas por incumplimiento, incluyendo inhabilitación de funcionarios responsables por hasta cinco años, multas del 10% del presupuesto asignado a la entidad infractora y auditorías automáticas por la Contraloría.
Esta ley incluiría endosos normativos fuertes, como la creación de un Consejo Fiscal Independiente con poder vinculante para vetar partidas presupuestarias ineficientes y un fondo de estabilización fiscal obligatorio financiado con el 5% de los ingresos tributarios excedentes, protegiendo contra shocks externos como caídas en los precios de la soja.
Estas medidas, respaldadas por incentivos a la inversión privada mediante exenciones tributarias focalizadas y desregulación en sectores estratégicos como logística y agroindustria, no solo aliviarán la presión de los gastos rígidos con un crecimiento proyectado del 5% anual y una deuda pública estabilizada por debajo del 35% del PIB.