En esta cuarta entrega de la serie de 12 artículos donde, con el título: “Los orígenes del desequilibro fiscal en Paraguay; una perspectiva técnica y comparativa”, exploro en profundidad el déficit fiscal en nuestro país, vamos a hablar del Resurgimiento Fiscal del año pasado con un enfoque de su sostenibilidad.
Nuestra hermosa patria, esta tierra de ríos caudalosos y campos soñados, ha dado un volantazo fiscal en 2024 que merece ser diseccionado con bisturí, para comprender los alcances y no caer en vítores ciegos. Los números cantan: los ingresos tributarios crecieron un 9,3% en el primer trimestre, impulsados por un IVA más robusto y un impuesto a la renta que se nutre del sector agroexportador.
Para enero de 2025, el déficit fiscal se desplomó a un raquítico 0,1% del PIB, unos USD 28,6 millones en un país cuyo PIB nominal ronda los USD 42.000 millones. Pero, cuidado, porque el gasto público se disparó un 41,8%, con inversiones en infraestructura que treparon un 84,3% y transferencias sociales que subieron un 37,9%.
Desde mi óptica que venera la disciplina fiscal y desconfía de los excesos estatales, me surge una pregunta que me carcome: ¿es este equilibrio un cimiento sólido para la prosperidad o un castillo de naipes a merced del próximo viento global? Vamos al hueso, con la franqueza que exige el lector que no se conforma con titulares.
Nosotros, los paraguayos, no somos novatos en crisis fiscales. En 2023, el déficit fiscal arañó el 4,5% del PIB, un lastre de la pandemia, sequías que castigaron la soja y una inflación global que mordió los bolsillos. La economía, anclada en la agricultura, la ganadería (juntos suman el 45% de las exportaciones) y la energía hidroeléctrica (Itaipú y Yacyretá como joyas de la corona), ha sido históricamente un péndulo entre bonanzas y apuros.
Bajo el gobierno de Santiago Peña se apostó por un modelo que combina eficiencia recaudatoria con apertura al mercado. El resultado en 2024: un crecimiento económico del 4,2%, según el Banco Central del Paraguay (BCP), que supera el promedio regional del 2,5% (FMI).
Un tipo de cambio estable (7.500 PYG/USD) y una inflación domada al 4% dieron oxígeno. Pero no nos engañemos: Paraguay sigue siendo una economía emergente, vulnerable a los caprichos de los precios de commodities y los vaivenes climáticos.
El crecimiento del 9,3% en ingresos tributarios no cayó del cielo. El IVA, que aporta el 40% de la recaudación, se benefició de una recuperación del consumo interno (+3,8%, según el BCP) y de medidas antifraude.
El Sistema Integrado de Gestión Tributaria (SIGT), una herramienta digital que rastrea transacciones como un sabueso, elevó la base imponible en un 12% en sectores comerciales y de servicios, detectando evasión por millones de dólares.
El impuesto a la renta, por su parte, se engordó con un boom agroexportador: la soja y la carne crecieron un 15% en valor FOB, con precios internacionales de la soja rondando los USD 500 por tonelada. en este caso particular, las exenciones eliminadas estaban mal diseñadas o beneficiaban a sectores que no contribuían significativamente a la economía formal (un guiño a la equidad impositiva), formalizaron a cientos de pymes, ampliando la base contributiva.
Este desempeño no es solo un golpe de suerte. La digitalización tributaria y la estabilidad macroeconómica –inflación baja, tipo de cambio controlado– crearon un entorno donde el sector privado, motor de mi credo para la prosperidad, pudo florecer.
Las exportaciones agrícolas, que representan el 45% del PIB exportador, aprovecharon mercados globales favorables, mientras el comercio con Brasil y Argentina, socios claves del Mercosur, se revitalizó.
El superávit primario del primer trimestre de 2024 refleja esta fortaleza: menos presión para endeudarse, más margen para atraer inversión extranjera directa (FDI), que creció un 10% en sectores como en logística.
Pero, ojo, esta bonanza depende de variables exógenas –precios globales, lluvias generosas– que no controlamos. Una caída en la soja, como en 2015 (-20% en producción), o una sequía severa podrían apagar este farol; más aún con nuestro elefante en la habitación, el gasto público, que creció un 41,8% en 2024, una cifra que hace arquear la ceja a cualquier economista que valore la prudencia fiscal. Este incremento se desglosa en dos grandes bloques: inversiones en infraestructura (+84,3%) y transferencias sociales (+37,9%).
Vamos por partes. El gasto en infraestructura, que alcanzó el 6,5% del PIB, se destinó a proyectos como la ampliación de la ruta PY01, que conecta Asunción con el interior productivo, y el dragado del río Paraguay, que reduce costos logísticos en un 15% para exportaciones.
Estas obras, financiadas en parte con bonos soberanos a 10 años (tasa del 5,2%), buscan elevar la competitividad de Paraguay como hub logístico regional.
Desde mi óptica la inversión en infraestructura es un mal necesario si genera retornos económicos medibles: cada dólar invertido en la PY01, por ejemplo, podría incrementar el PIB agrícola en 0,2% a largo plazo, pero el alza del 84,3% huele a exceso keynesiano como diría el presidente argentino, Javier Milei.
Sin asociaciones público-privadas (APP) robustas, que transfieran riesgos al sector privado, el Estado carga con un fardo que puede volverse muy pesado.
Otro tema no menor son las transferencias sociales, que subieron un 37,9%, se enfocaron en programas como Tekoporã, que apoya a 160.000 familias en pobreza extrema (25% de la población rural).
Desde mi lente este gasto es problemático si no va acompañado de condicionalidades estrictas (educación, capacitación laboral) que promuevan la autosuficiencia.
Sin estas, Tekoporã y similares corren el riesgo de convertirse en herramientas de clientelismo electoral, un veneno que distorsiona el mercado laboral y perpetúa la dependencia estatal. En 2024, el aumento de transferencias no estuvo acompañado de reformas estructurales en educación técnica o empleo formal, lo que limita su impacto transformador.
El déficit fiscal de 0,1% del PIB es una señal positiva y de gestión técnica ejemplar, pero su sostenibilidad pende de un hilo. Los ingresos tributarios, aunque robustos, dependen de un sector primario volátil: una caída del 10% en el precio de la soja podría reducir la recaudación drásticamente.
El gasto público, en cambio, es rígido: las obras de infraestructura y los programas sociales crean compromisos de largo plazo. Si el crecimiento económico se desacelera –el FMI proyecta un 3,5% para 2026 en un escenario base–, el déficit podría escalar al 3% del PIB, forzando un ajuste fiscal doloroso o más deuda externa.
Mi receta es clara y muy simple, debemos moderar el gasto, priorizar APP para infraestructura y vincular transferencias sociales a resultados medibles (alfabetización, empleabilidad).
Privatizaciones selectivas en sectores ineficientes, como telecomunicaciones, podrían liberar recursos y atraer FDI. La educación técnica, sub financiada (1,5% del PIB frente al 4% regional), es el eslabón perdido para reducir la dependencia de la agricultura y diversificar la economía hacia servicios o tecnología.
Un equilibrio frágil del Paraguay del pasado año, por un lado, es un caso esperanzador donde la eficiencia recaudatoria, sin alzas impositivas, y un entorno macroeconómico favorable desataron un resurgimiento fiscal.
Pero el aumento del gasto es una alarma que no podemos ignorar. La disciplina fiscal es el camino. Si el gobierno modera el gasto, fortalece APP y prioriza capital humano, será el cimiento de un Paraguay prospero.