Bernardo Rojas, presidente de la CUT-A, abandonó la reunión del CONASAM tras el rechazo al aumento de G. 100.000 propuesto por el gobierno y empresarios.
Los gremios critican que funcionarios públicos reciben aumentos millonarios en minutos, mientras los trabajadores deben esperar un año por un reajuste mínimo.
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Rechazo sindical al reajuste salarial propuesto por el CONASAM
Durante la segunda reunión del Consejo Nacional de Salario Mínimo (CONASAM), el representante del sector trabajador, Bernardo Rojas, presidente de la Central Unitaria de Trabajadores – Auténtica (CUT-A), se retiró de la mesa de diálogo.
El sector trabajador sostuvo que el reajuste sugerido no cubre el costo de vida y solicitó que se eleven ambos informes técnicos: el del Banco Central del Paraguay (BCP) y el de las centrales sindicales. Piden que la decisión final sea tomada por las autoridades con base en esos dos documentos.
Denuncian desigualdad en aumentos salariales estatales
Rojas cuestionó la diferencia en el trato hacia los funcionarios públicos y los trabajadores del salario mínimo. Señaló que mientras algunos funcionarios del Estado reciben aumentos de G. 5.000.000 en menos de diez minutos, los trabajadores deben esperar un año para obtener un incremento de apenas G. 100.000.
Con el reajuste propuesto, el jornalero recibiría G. 4.500 más por día y el mensualero G. 3.500. Recordó que el artículo 249 del Código Laboral establece que el salario mínimo debe cubrir alimentación, salud, educación, vestimenta, vivienda y recreación, considerando al trabajador como jefe de familia.
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Sindicalistas exigen reajuste del 15% y advierten acciones legales
Las organizaciones sindicales insisten en que el reajuste debería ser del 15%, respaldado por su propio análisis económico sobre la situación actual. Alegan que la inflación oficial reportada por el BCP no refleja el encarecimiento real de productos y servicios.
Anunciaron también que impulsarán acciones legales en caso de que se apruebe el reajuste de G. 100.000 en los términos propuestos. Además, llamó a los trabajadores, movimientos sociales y sectores democráticos a organizarse y protestar contra lo que consideran una decisión inconsistente con la legislación vigente.
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