Un presunto pedido de coima en el Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (INDERT), fue denunciado por el presidente de la institución Francisco Ruíz Díaz. Funcionarios habrían exigido G. 7 millones a mujeres de escasos recursos para titular sus tierras, bajo una supuesta normativa inexistente. Se presume la participación de al menos cinco funcionarios en el ilícito. El Ministerio Público pidió informes sobre el caso.
Ruiz Díaz señaló que los funcionarios que supuestamente pedían el dinero no son de la dependencia que deben cobrar ni para hacer ese tipo de trámites. «La única dependencia que puede cobrar es la Gerencia de Créditos. Cualquier otra solicitud de cobro, no corresponde», afirmó.
Se iba iniciar la titulación de un asentamiento. Los funcionarios dijeron a las mujeres que había una normativa para tal pago y no existe tal normativa, explicó. «Yo personalmente hablé con las personas y ví que están en condiciones muy vulnerables. Les dí mi apoyo. Yo noté que ellos están en situación de extrema pobreza», comentó Ruíz Díaz entrevistado por Monumental 1080.
Según dijo el presidente del INDERT, las mujeres dijeron que harían pancheadas para juntar el dinero. Calificó de indigno lo que, de ser cierta la denuncia, hicieron los funcionarios supuestamente involucrados.
Agregó que está dejando que trabajen sobre el tema la Dirección de Anticorrupción del INDERT y la Fiscalía, que está pidiendo informes. «Le estamos dando apoyo a la Fiscalía para investigar a todos los supuestos responsables», señaló Ruíz Díaz.
Jubilación obligatoria para los funcionarios
El Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (INDERT) dictó una resolución que dio de baja a un total de 46 funcionarios que cumplieron 65 años, según informó un gremio de los empleados. La institución aplicó la jubilación obligatoria que la Ley de la Función Pública establece para los que cumplen esa edad.
El Sindicato de Trabajadores de la Reforma Agraria (Sintra) considera que la desvinculación se hizo en forma irregular y que la institución recurre al sistema de jubilación obligatoria para no pagar gratificaciones o indemnizaciones.
El secretario general de dicho gremio, Lino Avila, denunció que el INDERT no quiere pagar la gratificación establecida en el Contrato Colectivo, en el artículo 60, monto que se debe estimar en cinco veces el salario mensual, por única vez, para cubrir las necesidades de los funcionarios.
Este jueves, cerca del mediodía hubo una reunión de los funcionarios y el gremio presentó una nota al presidente del INDERT, Francisco Ruíz Díaz, al respecto. Los funcionarios reclaman al Estado la gratificación o indemnización al ser jubilado obligatoriamente, fundamentando que este beneficio se encuentra en el contrato colectivo.
El tema saltó a la opinión pública luego de la reunión del gremio. Sin embargo, el INDERT ya había dictado la resolución el 22 de marzo de 2024 y el documento lleva el número 404/2024. Uno de los fundamentos está basado en el artículo 106 de la Ley 1.626/2000 DE LA FUNCIÓN PÚBLICA.
Dicho artículo establece: «La jubilación será obligatoria cuando el funcionario público cumpla sesenta y cinco años de edad. Será otorgada por resolución del Ministerio de Hacienda o por la autoridad administrativa facultada al efecto por leyes especiales».
