La Dirección Nacional de Vigilancia Sanitaria (Dinavisa) emitió este miércoles una alerta epidemiológica tras confirmar el retiro voluntario y preventivo de varios lotes de la fórmula infantil NAN Optipro 1. La medida respondió a la detección de una posible contaminación con la toxina cereúlida, una sustancia producida por una bacteria que resiste las altas temperaturas. Según el comunicado oficial, la empresa Nestlé inició la recuperación de los productos afectados para proteger la salud de los lactantes. Las autoridades instaron a los padres a verificar los envases de 400 g y 800 g con vencimientos programados entre diciembre de 2026 y abril de 2027, suspendiendo su uso de forma inmediata para evitar cuadros de intoxicación aguda.
Sustancia tóxica resistió el calor y provocó riesgos en la sangre
Los informes técnicos de la institución advirtieron que la toxina es extremadamente termoestable, lo cual significa que el agua hirviendo no destruye su peligrosidad durante la preparación del biberón. El consumo de este componente causó la aparición rápida de síntomas como náuseas y vómitos, además de procesos biológicos graves que afectaron la hemoglobina de los bebés. Los especialistas explicaron que el patógeno se encuentra comúnmente en el ambiente, pero su presencia en alimentos infantiles elevó el riesgo de infecciones severas. Por este motivo, Dinavisa insistió en el desecho directo del producto contaminado para salvaguardar la integridad física de los niños.
Consumidores exigieron mecanismos de denuncia ante casos de intoxicación
Ante el retiro preventivo del mercado, los ciudadanos plantearon dudas sobre las garantías de devolución y los canales de denuncia para quienes ya presentaron síntomas. La Dirección de Defensa al Consumidor recibió las primeras consultas sobre el protocolo de resarcimiento tras la compra de los lotes afectados en supermercados y farmacias. Las autoridades señalaron que la responsabilidad de la multinacional incluyó la comunicación transparente de los datos para facilitar la identificación por parte de los usuarios. Por consiguiente, el ente regulador prometió coordinar acciones con Dinavisa para monitorear si existieron casos particulares que requieran intervención jurídica. De esta manera, el Gobierno buscó asegurar que la población cuente con protección efectiva ante fallos de seguridad alimentaria.