Una serie de explosiones y el sobrevuelo de aeronaves a baja altura sacudieron la madrugada del sábado 3 de enero de 2026 a Caracas y a zonas de los estados Miranda, Aragua y La Guaira. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó posteriormente que se trató de una operación militar estadounidense “a gran escala” dentro de Venezuela.
En un mensaje difundido en Truth Social, Trump sostuvo que el presidente venezolano Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, fueron “capturados y trasladados en avión” fuera del país, y anunció una conferencia de prensa en Mar-a-Lago (Florida) a las 11.00 hora local para dar detalles. Medios internacionales reportaron daños en objetivos militares, entre ellos la base aérea de La Carlota y el complejo de Fuerte Tiuna, aunque la magnitud de los impactos seguía siendo difícil de precisar en las primeras horas.
La versión de Washington se enfrentó de inmediato con la narrativa oficial venezolana. El Gobierno de Maduro denunció una “gravísima agresión militar” y decretó el estado de emergencia, llamando a activar planes de movilización y defensa nacional. El ministro de Defensa, Vladimir Padrino, calificó el ataque de “ruin y cobarde” y comunicó que se realizaban tareas para localizar posibles víctimas y evaluar daños, al tiempo que pidió evitar “el caos y la anarquía”.
En las calles de la capital, los reportes hablaron de pánico inicial, búsqueda de refugio y también de grupos que salieron a observar las columnas de humo o a celebrar, reflejando la polarización política interna. Paralelamente, se activaron alertas de seguridad: la autoridad aeronáutica estadounidense restringió vuelos sobre el espacio aéreo venezolano y la representación diplomática de EE.UU. emitió avisos a ciudadanos estadounidenses para resguardarse.
El trasfondo operativo también empezó a aflorar. Según fuentes gubernamentales citadas por CBS y recogidas por varios medios, Trump habría dado luz verde a los ataques días antes y el Pentágono habría evaluado distintas “ventanas” de ejecución; incluso se habría considerado actuar en Navidad, pero se priorizaron otras operaciones militares de EE.UU. en Nigeria contra el Estado Islámico. Estos elementos, por ahora, provienen de reconstrucciones periodísticas, no de un parte oficial detallado.
La crisis tuvo una rápida traducción diplomática. El presidente colombiano Gustavo Petro afirmó que Caracas estaba siendo “bombardeada” y pidió reuniones “urgentes” del Consejo de Seguridad de la ONU y de la OEA. En Argentina, Javier Milei celebró la acción con un mensaje breve en redes sociales. Rusia, aliado clave de Caracas, informó que su embajada no fue afectada y que mantenía contacto con autoridades venezolanas, mientras legisladores rusos condenaron la ofensiva y llamaron a una reacción internacional.
Aun con la afirmación presidencial estadounidense, la situación de Maduro seguía envuelta en incertidumbre. Agencias y corresponsales remarcaron que, en esas primeras horas, no había confirmación independiente concluyente sobre su paradero ni una lectura clara de quién estaba ejerciendo el control del aparato estatal en Caracas, un dato clave para anticipar escenarios de transición, resistencia o escalada.
En Washington, el episodio abre un debate político y legal. Reportes internacionales apuntaron a que no existía una indicación clara de aprobación del Congreso para una operación de esta envergadura, lo que podría derivar en cuestionamientos sobre facultades de guerra del Ejecutivo. A escala internacional, gobiernos y organismos multilaterales enfrentan la presión de reaccionar frente a una intervención directa que Caracas denuncia como violación de soberanía.
En las próximas horas, la conferencia anunciada por Trump y los comunicados oficiales desde Caracas serán determinantes para esclarecer el alcance real de la operación, el estado de las víctimas y el rumbo institucional de Venezuela. Mientras tanto, la región observa con preocupación el riesgo de que el episodio marque un punto de inflexión en la crisis venezolana y en la estabilidad del Caribe.