El ministro del Interior, Enrique Riera, lanzó una dura crítica contra el Poder Judicial y la Fiscalía durante la ceremonia de ascenso y entrega de bastones de mando. El secretario de Estado aprovechó el acto realizado en la Academia Nacional de Policía «Gral. José Eduvigis Díaz», en Luque, para cuestionar la liberación de los responsables de un violento ataque. Riera detalló que dos uniformados recibieron impactos de bala disparados cobardemente desde el monte durante un operativo en la Estancia Lusipar.
Asimismo, el ministro denunció que los dirigentes sociales utilizaron a niños menores de dos años como escudos humanos para frenar la reacción de las fuerzas públicas. De esta manera, el Ejecutivo marca una postura firme frente a la impunidad de quienes atentan contra las instituciones y la integridad de los agentes. Por consiguiente, el funcionario reclamó mayor acompañamiento de jueces y fiscales para respaldar el trabajo de los 27 comisarios generales inspectores y siete generales directores que hoy recibieron sus condecoraciones.
La actuación policial en la zona de conflicto se desarrolló bajo órdenes estrictas de proteger la propiedad privada pese a las provocaciones constantes de los invasores. Enrique Riera puntualizó que un oficial recibió un balazo en la ingle y otro en el rostro, permaneciendo este último con el proyectil alojado en su cara. Además, el titular de la cartera lamentó que la mitad de los detenidos ya fueron liberados por presiones judiciales para pasar las fiestas de fin de año en sus hogares.
Manipulación de menores en conflictos rurales
La exposición de niños en enfrentamientos por tierras fue uno de los puntos más sensibles del discurso ante el presidente y la cúpula policial. Riera relató cómo vehículos cargados de manifestantes atropellaron portones protegidos por agentes, poniendo en riesgo la vida de los infantes que llevaban en brazos. Fundamentalmente, la intervención de la Fuerza Aérea resultó necesaria para rescatar en helicópteros a los menores que sus propios padres pusieron en peligro deliberadamente.
Por lo tanto, el ministro calificó de irresponsables a los líderes que fingen ser campesinos sin tierra para justificar actos de violencia extrema y atropellos. Igualmente, el funcionario subrayó que el sistema de asistencia estatal mantiene sus puertas abiertas para quienes realmente buscan producir de manera legal en el campo. De esta forma, el Ejecutivo deslinda responsabilidad sobre los incidentes y apunta directamente a la instrumentalización política de la necesidad social.
Inseguridad jurídica y metas de inversión
El desarrollo económico del país exige una justicia que garantice el respeto irrestricto a la ley vigente y proteja las inversiones en el territorio nacional. El ministro del Interior subrayó que el crecimiento del 6% y el mantenimiento del grado de inversión dependen directamente de la estabilidad institucional y la seguridad jurídica. Por esta razón, la falta de determinación de algunos magistrados para aplicar sanciones severas debilita la imagen internacional de los poderes del Estado.
Asimismo, el secretario recordó que los jueces y fiscales rara vez enfrentan consecuencias administrativas por sus decisiones erróneas que afectan la paz pública. Gracias a este reclamo, se busca instalar un debate necesario sobre la igualdad de todos los ciudadanos bajo la venda de la justicia. Efectivamente, la impunidad sistemática de los invasores de propiedades privadas constituye un obstáculo grave para la consolidación de un clima de negocios favorable.
Respaldo institucional a la jerarquía policial
La unidad interna de la Policía Nacional resulta vital para enfrentar los ataques contra el orden público y la seguridad de todos los habitantes. Enrique Riera pidió a los nuevos comisarios generales que no claudiquen en su misión a pesar de las frustraciones que generan las resoluciones judiciales de libertad. Además, el ministro destacó la disciplina profesional de los agentes que mantuvieron la calma tras ver a sus propios camaradas heridos por proyectiles de arma de fuego.
Por consiguiente, el Gobierno ratifica que no saldrá del camino de la legalidad pero exige coherencia y "agallas" a los otros poderes del Estado. De esta forma, el acto de ascenso en Luque se transformó en un escenario de reivindicación para quienes arriesgan su vida protegiendo la propiedad privada. En conclusión, la voz del Ministerio del Interior se mantendrá firme en la defensa de los uniformados que cumplen con su deber constitucional en cada rincón del país.