El Tribunal Superior de Justicia Electoral avanza en medidas para supervisar el financiamiento político y en la contratación de 18.000 máquinas de votación, de cara a las elecciones internas y municipales de 2026.
El director de Financiamiento Político del Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE), Crhistian Ruiz Díaz, informó que el principal desafío de 2026 será fortalecer el control del financiamiento político.
Según explicó, el objetivo es mejorar los mecanismos de supervisión de ingresos y gastos de partidos y candidatos, aumentar la trazabilidad de los recursos y garantizar que los fondos empleados cumplan con la normativa vigente durante las elecciones internas de los partidos y los comicios municipales que se celebrarán el próximo año.
Coordinación institucional y fiscalización
El TSJE considera que los sistemas actuales de control requieren ajustes ante la competencia política y la diversidad de agrupaciones en todo el país. La supervisión del uso de recursos financieros no se limitará a la recolección de declaraciones juradas de ingresos y gastos, sino que se complementará con procedimientos de verificación y coordinación con otras instituciones con competencias en materia financiera y tributaria.
Entre las acciones previstas figura la articulación con organismos como la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad), la Subsecretaría de Estado de Tributación (SET) y la Contraloría General de la República (CGR). Los datos de estas instituciones podrán cruzarse para generar una supervisión más completa de los recursos.
Además, se prevé la implementación de herramientas tecnológicas que faciliten la presentación y publicación de información, así como el acceso público, permitiendo a la ciudadanía y a la sociedad civil conocer cómo se financian las campañas y qué fondos se destinan a cada actividad proselitista.
El TSJE también planea sistemas de fiscalización que no dependan únicamente de la autodeclaración de candidatos o partidos, ampliando la trazabilidad de los fondos y fortaleciendo la supervisión durante las fases internas y municipales. Esta estrategia apunta a un control más robusto y oportuno del uso de los recursos financieros, respetando la legislación que regula la transparencia y la rendición de cuentas de los partidos y movimientos políticos.
Contratación de máquinas de votación
En paralelo, la Justicia Electoral avanza en la logística de los comicios mediante la preparación de contratos para el arrendamiento de 18.000 máquinas de votación electrónica y los servicios asociados. Los equipos estarán destinados a las elecciones internas de junio de 2026 y a las municipales de octubre del mismo año.
El procedimiento se realiza por la vía de excepción, ya que solo una empresa presentó oferta conforme al pliego de bases y condiciones. La decisión se adoptó tras declarar desierta una licitación anterior para la compra de máquinas de votación.
El arrendamiento se formalizará dentro de las previsiones presupuestarias para 2026, asegurando la disponibilidad de los equipos en todos los distritos durante las fases del calendario electoral. La medida busca garantizar que el proceso de votación se desarrolle sin contratiempos, asegurando la operatividad y la cobertura de todos los circuitos del país.
Ambos temas han generado debate en distintos espacios políticos y sociales. Legisladores han solicitado información sobre los mecanismos de control financiero y sobre los procedimientos de contratación, mientras que sectores políticos de oposición han planteado la necesidad de garantizar pluralidad de oferentes y transparencia.
En el plano legal, el TSJE mantiene que los procesos de fiscalización y contratación se ajustan a la normativa vigente y responden a los requerimientos técnicos y operativos necesarios para la organización de los comicios.
El fortalecimiento del control del financiamiento político y la logística para la implementación de máquinas de votación figuran entre los ejes principales de la preparación del TSJE para las elecciones internas y municipales de 2026.