El exdiputado Orlando Arévalo y exjuezas de PJC fueron imputados por presunta coima

 La Fiscalía imputó al expresidente del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados, Orlando Arévalo, y a las exjuezas Carmen Silva y Ana Aguirre, por hechos vinculados a cohecho pasivo agravado, frustración de la persecución y prevaricato. La causa se basa en información derivada del celular del fallecido diputado Eulalio “Lalo” Gomes.

 La Fiscalía presentó formalmente imputaciones contra el exdiputado y expresidente del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados, Orlando Arévalo (ANR), y contra las exjuezas de Pilar, Carmen Silva y Ana Aguirre.

Los cargos se relacionan con presunto cohecho pasivo agravado, frustración de la persecución penal, ejecución penal y prevaricato, según el comunicado oficial del Ministerio Público.

Las imputaciones fueron tramitadas por el equipo de fiscales integrado por Francisco Cabrera, Luis Piñanez y Verónica Valdez, quienes llevan adelante la investigación.

La causa se originó a partir de información remitida por el juez Osmar Legal al Ministerio Público, sobre datos obtenidos del celular del fallecido diputado Eulalio “Lalo” Gomes.

Según fuentes judiciales, los elementos de prueba extraídos del dispositivo móvil habrían sido determinantes para formalizar la imputación de los exfuncionarios.

Los cargos de cohecho pasivo agravado se refieren a la presunta recepción de beneficios a cambio de favores en el ejercicio de funciones judiciales y parlamentarias.

La imputación por frustración de la persecución penal se vincula a acciones que habrían obstaculizado la investigación o sanción de delitos cometidos por terceros.

Por su parte, la acusación de prevaricato indica supuestas decisiones judiciales adoptadas con conocimiento de su ilegalidad, afectando la correcta administración de justicia.

El exdiputado Arévalo y las exjuezas aún no realizaron declaraciones públicas sobre las imputaciones en su contra.

La presentación formal de la Fiscalía representa un paso inicial en el proceso, que deberá ser analizado por un juez competente para determinar si corresponde abrir un juicio oral y público.

La investigación continúa en curso y que se esperan nuevas medidas probatorias en los próximos días.