Fiscal de Coronel Oviedo imputada por presunto pedido de coima en caso María Fernanda Benítez

La fiscal Gloria Rojas fue imputada por supuesto cohecho pasivo agravado, tras un presunto pedido de G. 31 millones para beneficiar a un acusado en la causa por la muerte de María Fernanda Benítez. La acusación se basa en reuniones y comunicaciones con el imputado y su abogado.

 La fiscal de Coronel Oviedo, Gloria Rojas, fue imputada por supuesto cohecho pasivo agravado por la fiscal Silvia González, en el marco de la investigación sobre el crimen de María Fernanda Benítez, ocurrido en mayo pasado.

La imputación indica que Rojas habría participado en un presunto pedido de coima por un total de G. 31 millones para favorecer a Franco Acosta, uno de los acusados en la causa.

Según el informe fiscal, la presunta situación comenzó tras una reunión entre Rojas y Acosta, en la que la funcionaria le habría sugerido “arreglar su situación” y la de otro coimputado.

En ese contexto, Rojas habría indicado que Acosta contactara al abogado Juan Carlos Bedoya para gestionar la salida procesal, mencionando que podía entregar “lo que disponga” y asegurándole un cambio de calificación y suspensión condicional del procedimiento.

Tras presentar la acusación, Rojas habría reiterado que Acosta debía solicitar un cambio de calificación en la audiencia preliminar para que ella pudiera otorgarle la salida alternativa en el proceso.

El imputado contactó entonces al abogado Bedoya, quien le informó que la suma necesaria para obtener la salida alternativa era de G. 25.000.000, monto que luego aumentó a G. 30.000.000, más G. 1.000.000 adicional en concepto de “donación”, totalizando G. 31.000.000.

El 21 de noviembre, Acosta volvió a reunirse con la fiscal Rojas en la Fiscalía de Coronel Oviedo. Durante la conversación, Rojas preguntó directamente: “¿Treinta?”, demostrando conocimiento previo de la cifra indicada por el abogado.

Acosta corrigió la suma diciendo: “Treinta y uno, porque un millón es por la donación”, lo que la fiscal recibió sin objeción, según consta en la imputación.

Ese mismo día, Acosta se reunió nuevamente con Bedoya, quien reafirmó que el monto exigido era G. 31.000.000, aunque Acosta aclaró que el pago era exclusivamente para obtener la salida procesal y que Bedoya no sería su abogado.

La fiscalía precisó que, el 26 de noviembre de 2025, con autorización judicial, se realizó una entrega vigilada del dinero, encontrándose G. 30.000.000 en poder de Bedoya, sumas vinculadas a la salida procesal prometida por Rojas.

La imputación de Silvia González sostiene que Rojas habría tenido pleno conocimiento del monto requerido, lo que fundamenta la acusación por presunto cohecho pasivo agravado en su contra.

El caso sigue su curso judicial, y las autoridades destacan que se trata de una investigación en desarrollo, con medidas de control sobre las entregas de dinero y la participación de los implicados.