En esta segunda entrega de la serie investigativa sobre el polémico fideicomiso IPS–Banco Atlas, nos enfocamos en dos obras hospitalarias del interior que exhiben graves irregularidades. Se trata del Hospital Regional de Encarnación y la Unidad Sanitaria de San Ignacio (Misiones), proyectos financiados con fondos del fideicomiso que quedaron lejos de sus promesas iniciales.
A continuación, documentamos qué se proyectó en cada caso, la necesidad que buscaban cubrir, cuánto dinero se desembolsó y qué descubrieron los auditores sobre lo que realmente se ejecutó. Además, recogemos reacciones de autoridades ante estos hallazgos.
Hospital Regional de Encarnación
El Hospital Regional de Encarnación, principal centro del IPS en el departamento de Itapúa, debía ser objeto de obras de reparación y mejora de infraestructura. El plan incluía la refacción de áreas críticas (techos, sanitarios, salas de internación) e incluso la ampliación de servicios como terapia intensiva, buscando duplicar la capacidad de camas UTI. La necesidad era evidente: este hospital atiende a miles de asegurados y arrastraba años de deterioro edilicio.
En junio de 2018, el IPS certificó un pago de G. 1.368 millones a la constructora GCA SA para las obras de “reparación y mantenimiento” en este centro. Estos fondos provinieron del fideicomiso con Banco Atlas y debían financiar una renovación integral. Sin embargo, una auditoría interna del IPS en 2024 reveló que gran parte de los trabajos no se ejecutaron conforme a lo pagado. Se detectó una diferencia de G. 42.280.580 entre lo certificado en papeles y lo realmente construido.
Los auditores encontraron falencias estructurales persistentes: paredes con humedad, techos sin reparar y áreas inoperativas que en planos figuraban como terminadas. Se concluyó que hubo pagos por reparaciones que no se materializaron, configurando obras “fantasma”.
La situación provocó indignación. En 2024, grupos de pacientes denunciaron las condiciones precarias del hospital. El presidente del IPS, Dr. Jorge Brítez, visitó el establecimiento, admitió casos de corrupción interna y prometió una refacción total. El director del hospital, Dr. Éver Duarte, afirmó: “Hace años que se vienen haciendo solo parches. El edificio necesita una reparación profunda y definitiva”.
Unidad Sanitaria de San Ignacio, Misiones
La Unidad Sanitaria del IPS en San Ignacio Guazú fue concebida para transformarse en un centro asistencial moderno. El proyecto contemplaba nuevas áreas de laboratorio, admisión, esterilización, salas de descanso, 10 salas de internación con baño privado y la ampliación del sector de Urgencias. Además, se incluiría un servicio de imágenes con tomógrafo y mamógrafo, y un equipo de arco en C para cirugías traumatológicas.
Antes de este proyecto, Misiones carecía de servicios de alta complejidad. No había una sola cama de terapia intensiva en el departamento, obligando a derivaciones a Encarnación o Asunción. Con una inversión de G. 3.600 millones, financiada por el fideicomiso IPS-Atlas, se esperaba saldar esta deuda histórica.
Sin embargo, la auditoría interna de 2024 detectó una diferencia de G. 431.367.525 entre lo pagado y lo realmente ejecutado. Se encontraron trabajos inconclusos, vicios de construcción y sectores vacíos o sin equipamiento. Algunas instalaciones funcionaron inicialmente, pero otras quedaron como “cascarones” sin terminar.
El caso San Ignacio fue presentado como modelo de inversión en 2021, incluso con presencia del expresidente Mario Abdo Benítez en su inauguración. Sin embargo, tras la auditoría, concejales y líderes sociales manifestaron su desencanto. Desde el IPS se incluyó este caso entre los 23 indicios de hechos punibles remitidos al Ministerio Público.
Un fraude que anticipa nuevas revelaciones
Los casos de Encarnación y San Ignacio muestran cómo el fideicomiso IPS-Atlas, diseñado para fortalecer la red sanitaria, derivó en obras fantasmas y mejoras a medias. La necesidad de infraestructura en el interior sigue intacta, mientras comunidades enteras esperan soluciones. Las autoridades actuales prometen “tolerancia cero” a la corrupción y el reencauzamiento de proyectos. En la próxima entrega abordaremos nuevas obras afectadas y el estado de la causa judicial que busca esclarecer el destino de los fondos.