El Instituto de Previsión Social (IPS) se halla envuelto en un escándalo por obras hospitalarias inconclusas o inexistentes, financiadas con un millonario fideicomiso durante la presidencia de Mario Abdo Benítez y bajo el resguardo del banco Atlas.
Auditorías recientes –internas y otras en proceso desde la Contraloría– revelan al menos 21 “obras fantasma” y numerosas irregularidades: fondos destinados a infraestructura sanitaria que fueron desviados o mal utilizados. De hecho, la previsional enfrenta el mayor caso de corrupción de su historia, con más de G. 828.000 millones (unos USD 115 millones) presuntamente desviados durante la administración anterior
El fideicomiso, suscrito con el banco Atlas en el 2017, debía servir exclusivamente para construir y mejorar hospitales del IPS. Sin embargo, la falta de controles permitió que buena parte del dinero terminara en supuestas refacciones que nunca se concluyeron o ni siquiera comenzaron. El banco fiduciario autorizó pagos sin verificar la ejecución real de las obras, habilitando la malversación de recursos de la salud pública.
En esta primera entrega nos enfocamos en el Hospital Regional de Pedro Juan Caballero, uno de los casos más emblemáticos: una obra largamente esperada, con inversión millonaria, que terminó convertida en símbolo de abandono, sobrecostos y trabajos incompletos.
Una obra largamente esperada
El IPS proyectó un nuevo Hospital Regional en Pedro Juan Caballero, ciudad fronteriza y capital de Amambay. La obra —iniciada en el 2011, pero varias veces postergada— abarca 6.538 m² de instalaciones modernas, con 25 camas de internación, salas de preparto, quirófanos de cirugía general y gineco-obstétrica, área de urgencias con 10 camas, consultorios externos, laboratorio, rayos X, farmacia y servicios de apoyo como cocina y lavandería. Esta ampliación apuntaba a subsanar la falta de infraestructura médica en la zona, siendo una de las obras más anheladas por los asegurados.
Inversión millonaria y tropiezos
El contrato original de construcción se adjudicó en el 2012 por G. 17.530 millones, ampliado en el 2015 con otros G. 1.226 millones. Sin embargo, la obra quedó paralizada por incumplimientos del contratista, lo que llevó a su rescisión. La Contraloría General de la República (CGR) halló que el IPS rescindió tardíamente, cuando las garantías ya estaban vencidas, impidiendo recuperar unos G. 3.904 millones que debían reclamarse a la empresa. Incluso equipos médicos nuevos instalados en el edificio abandonado se echaron a perder durante los años de parálisis, generando un grave daño patrimonial. Por esta razón, se había recomendado un sumario administrativo en el IPS contra los responsables.
Tras litigios y retrasos, el IPS volvió a licitar la obra. En el 2019 se firmó un nuevo contrato por G. 12.814 millones con otro consorcio, para concluir la parte civil y equipar el nosocomio. Estos fondos provinieron del fideicomiso, prácticamente duplicando el costo total del proyecto respecto al plan inicial. Las autoridades de entonces, con el presidente del IPS Andrés Gubetich a la cabeza, prometieron inaugurar el hospital en noviembre de ese año. A finales del 2019 el edificio fue habilitado, tras casi una década de demoras.
Una “obra fantasma” dentro de un hospital inaugurado
Pese a la aparente conclusión, años después una auditoría interna descubrió irregularidades en lo ejecutado realmente. En el Hospital de Pedro Juan Caballero se detectó una diferencia de G. 280.819.500 entre los trabajos certificados y lo observado sobre el terreno. En otras palabras, se pagó por partidas que no se materializaron completamente.
Los auditores constataron que el nuevo edificio presentaba áreas inconclusas o defectuosas: techos sin reparar, filtraciones de agua, aberturas sin vidrios, instalaciones sanitarias incompletas y sectores inoperativos que en los planos figuraban como terminados. Esto convierte aparte del proyecto en una “obra fantasma” dentro de un hospital oficialmente inaugurado.
La brecha de G. 280 millones implica que ese monto desembolsado no se tradujo en mejoras reales para los pacientes. Hoy, aunque el Hospital Regional de Pedro Juan Caballero está en funcionamiento, arrastra falencias constructivas que no deberían existir según los certificados de obra. Lo que debía ser un símbolo de fortalecimiento del sistema de salud se transformó en muestra de cómo un fideicomiso pensado para salvar vidas terminó debilitado por la corrupción y la mala gestión.
En la próxima entrega de esta serie abordaremos el caso del Hospital Regional de Concepción, donde las auditorías revelan un patrón similar: obras mínimas, edificios deteriorados y millones de guaraníes que, en los papeles, se invirtieron en mejoras que la gente nunca vio.