El fiscal general del Estado, Emiliano Rolón Fernández, se refirió a la imputación de la defensora pública Carolina Palacios y negó que se trate de una persecución por haber denunciado supuestas irregularidades en el Ministerio Público. Afirmó que el caso se centra en la protección de un niño y en la presunta revelación de datos sensibles.
Explicó que la imputación surgió “a través de filtraciones de datos muy confidenciales que afectan a un niño, publicados por ella justamente como funcionaria”. Esa conducta, afirmó, se encuadra en el artículo 148 del Código Penal, que prevé penas de hasta tres años de prisión para la revelación de secretos.
Prioridad absoluta: el bienestar del niño
Rolón fue enfático aclarando que su única preocupación es el bienestar del niño, quien –subrayó– tiene derecho a vivir en armonía y a conservar el recuerdo de su padre y de su madre sin ser utilizado en disputas de adultos.
El titular del Ministerio Público insistió en que el eje del caso es la obligatoriedad de resguardar los datos de niñas, niños y adolescentes. “Nadie tiene derecho, ni bajo el argumento de foros sindicales o lo que sea, de sacar este tipo de datos”, afirmó. Como ejemplo del daño que puede causar la manipulación emocional, aludió a la historia de una adolescente que, en su fiesta de 15 años, reclamó a su madre por haberla enfrentado a la ausencia de su padre. “Con esta parte de nuestro crecimiento no se juega”, resumió.
Para Rolón, exponer la identidad de un niño en redes o medios, o revelar información que permita identificar a sus progenitores en un contexto de conflicto, no solo vulnera su integridad emocional, sino que puede constituir un hecho punible. “Mucho menos se puede someterlos a la desconsideración identificando a los progenitores. Es una barbaridad”, sentenció, al justificar la gravedad que el Ministerio Público otorga a la protección de datos sensibles en los procesos judiciales.
Consultado sobre su rol institucional, explicó que se mantiene al margen de la controversia personal y se limita a velar por que se respete el interés superior del niño y que la investigación siga su curso conforme a la ley. “A mí me pueden decir todo lo que quieran, soy una persona mayor. Pero definitivamente no voy a tolerar que se menoscabe la integridad del niño”, remarcó.
Desafío institucional: recursos y tecnología obsoleta
También se refirió al momento que atraviesa el Ministerio Público. Describió un cuadro de seria insuficiencia de recursos humanos y materiales. Recordó que la Policía Nacional, “brazo operativo del sistema de justicia”, cuenta con unos 35.000 efectivos en todo el país, mientras que el Ministerio Público dispone únicamente de 408 fiscales. “Evidentemente, hay algo que anda muy mal”, lamentó.
La Fiscalía indicó que opera con apenas un 30% de la capacidad necesaria para cubrir el flujo de denuncias. A ello se suma un presupuesto que, según dijo, “no se mueve de un piso” desde hace una década. Esta rigidez limita la posibilidad de sumar más fiscales y asistentes, mejorar la infraestructura y actualizar la tecnología en un contexto en el que la criminalidad crece de manera acelerada.
Rolón advirtió que el atraso tecnológico es tan profundo que el sistema pericial paraguayo parece “detenido en la década de 1950”. “En esta época de tecnología del siglo XXI, prácticamente en el país andamos ante señales de humo”, graficó, para resumir la brecha entre lo que exige la investigación penal moderna y las herramientas disponibles.
Pese al escenario adverso, aseguró que el Ministerio Público realiza “malabarismos” para sostener su trabajo, recurriendo a la cooperación de organismos internacionales y aprovechando donaciones de terrenos en distintas circunscripciones para proyectar sedes fiscales y servicios de atención primaria en las escenas del crimen.
Finalmente, Rolón sostuvo que la calidad de la democracia está ligada a la fortaleza del Ministerio Público. “Cuando no hay contrapeso, no hay buena salud institucional”, advirtió. Y reiteró que, mientras la curva del delito asciende y el presupuesto permanece estancado, la distancia entre lo que la ciudadanía reclama y lo que la Fiscalía puede ofrecer se seguirá ensanchando, con consecuencias directas para la seguridad y la confianza de la población.