La imputación contra la cúpula de banco Atlas no se basa en un tecnicismo, sino en la presunta omisión deliberada de sus obligaciones ante una de las mayores alertas de lavado de la historia reciente del país. Así lo explica el fiscal Francisco Cabrera, del equipo que investiga la causa 06/2021.
Según el fiscal, el Ministerio Público sostiene que la plana mayor del banco, incluyendo a su presidente y directores, tenía elementos suficientes para saber que los fondos de Nicolás Leoz eran "producto de un hecho punible" y, aun así, procedieron a blindarlos.
"Consideramos que la entidad debió haber hecho alguna debida diligencia mayor", afirma Cabrera. A la luz de los documentos y el "conocimiento público" que rodeaba al caso, el equipo fiscal cree tener la sospecha suficiente para sostener que los directivos "conocían" el origen ilícito del dinero o al menos actuaron con "dolo eventual"; es decir, asumiendo esa posibilidad.
La alerta ignorada: USD 5 millones en efectivo
El fiscal Cabrera detalla el que sería el punto de inflexión del caso contra banco Atlas. El dinero que la Fiscalía considera "ilícito" no fue "bancarizado"; es decir, no llegó por una transferencia normal de otra entidad.
Fueron, en cambio, "depósitos en efectivo". Y no fue poco: "Estamos hablando de depósitos en efectivo en un periodo de cinco meses de cinco millones de dólares. Es mucha plata para depositar en efectivo".
Este ingreso de capital en 2013, que la Fiscalía logró "reconstruir" como presuntas "sustracciones de las cuentas de Conmebol", fue la base con la que Leoz operó en la entidad.
Años después, en 2016, cuando el escándalo FIFA Gate ya era mundial y Leoz estaba acorralado, el banco tomó la decisión de estructurar los fideicomisos. Para la Fiscalía, este es el segundo y más grave fallo de la entidad.
En ese momento, explica Cabrera, el "perfil del cliente de Nicolás Leoz era un perfil alto". Esto obligaba al banco a aplicar no solo una debida diligencia estándar, sino una "debida diligencia ampliada".
¿Qué significa esto? Según el fiscal, implicaba "volver a analizar toda la operación" y "volver a analizar todo lo que rodea a esa operación".
Y el contexto era ineludible: la creación de los fideicomisos ocurrió cuando Leoz tenía un "pedido de extradición" y, significativamente, "días posteriores a un allanamiento a la Conmebol". Para la Fiscalía, era imposible que los directivos de Atlas no supieran el riesgo que asumían.
El fideicomiso: una "conducta neutra" para un fin ilícito
El caso se inicia formalmente por una denuncia de la propia Conmebol contra la constitución de estos fideicomisos, que contenían dinero que la Confederación considera "sustraído" de sus arcas.
El fiscal Cabrera aclara que el fideicomiso es "una figura, una operación comercial plenamente legal". Sin embargo, explica que el lavado de dinero se especializa en usar "conductas neutras" que, de por sí, no son delictivas.
El "componente adicional" que hace la conducta reprochable, según el fiscal, es "el origen del objeto"; es decir, el dinero sucio que se buscaba legitimar.
El propio Banco Central del Paraguay (BCP), en un dictamen inicial, calificó la operación. "El primer dictamen que realiza el BCP recomienda la reversión de ese fideicomiso", señala Cabrera. Para los supervisores, era "llamativo y peligroso".
Pero esta fue solo una "recomendación", aclara el fiscal. El dictamen del BCP "finalmente no es vinculante". Y banco Atlas, aun con esa advertencia, "puede continuar con la operación". Y continuó.
El dictamen "equivocado" y el foco en el banco
El fiscal Cabrera se adelanta al principal argumento de la defensa: un dictamen posterior de una dirección del BCP que analizaba si el proceso de debida diligencia del banco fue correcto.
Cabrera es tajante al respecto y lo desmonta en varios puntos:
Fue posterior: ese dictamen fue "posterior a la conformación de los fideicomisos". Se emitió cuando la conducta ya estaba "consumada".
No fue vinculante: el informe "no forma parte ni es un elemento vinculante a la toma de decisión" que tomaron los directivos de Atlas.
Es "equivocado": el equipo fiscal considera que ese dictamen "se ha equivocado". La imputación dedica un apartado a explicar por qué el análisis del BCP "no fue eficiente" y por qué la Fiscalía "concluye de una forma diferente".
Cabrera insiste en que la "debida diligencia es todo un mecanismo de análisis de información que debe hacer la entidad financiera", es un proceso interno del banco.
Por esta razón, los funcionarios del BCP que firmaron ese dictamen "equivocado" no están imputados. Según el fiscal, ellos "no participan en el iter criminis (camino del crimen)" y con su informe "no tuvieron incidencia en el nexo causal".
El foco de la Fiscalía, por tanto, se mantiene firme sobre las conductas de los directivos de banco Atlas, quienes sí habrían tenido incidencia directa en el resultado. "El debate", concluye Cabrera, "va a versar sobre esa debida diligencia y sobre el conocimiento que pudieron haber tenido o no los funcionarios y los directivos". Un debate que, para la Fiscalía, se inclina hacia la sospecha de que sí lo sabían.
Foto: Miguel Ángel “Miki” Zaldívar, presidente de banco Atlas.